La propuesta contempla convocar a un referéndum departamental y es presentada como una medida de ajuste frente a la crisis económica y la disminución de recursos públicos.
Redacción Central/El Periódico/05-09-2026.- El jefe de bancada de Camino al Cambio en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Marco Gutiérrez, informó que se reactivaron las gestiones para impulsar una ley que permita convocar a un referéndum destinado a consultar a la población sobre la reducción del número de asambleístas departamentales, de 30 a 17.
La iniciativa busca modificar la composición actual del órgano legislativo mediante una consulta ciudadana. Para avanzar, primero deberá ser analizada por la Asamblea Departamental y posteriormente cumplir los procedimientos legales y electorales correspondientes, debido a que cualquier cambio en la representación política debe ajustarse al marco autonómico y a las normas que regulan los referéndums.
Gutiérrez planteó que la reducción debe ser considerada una prioridad debido a la situación financiera que atraviesa el departamento. La propuesta se sustenta en la necesidad de disminuir el gasto institucional y adecuar la estructura legislativa a un escenario de menores ingresos, restricciones presupuestarias y obligaciones acumuladas.
El debate sobre el tamaño de la Asamblea Departamental no es nuevo. En anteriores gestiones surgieron propuestas para reducir el número de representantes, principalmente bajo el argumento de que el presupuesto destinado al funcionamiento legislativo podría orientarse a salud, educación, caminos, servicios básicos y proyectos productivos.
La composición actual responde a criterios de representación territorial y poblacional. La Asamblea incluye representantes por territorio, población y pueblos indígena originario campesinos, por lo que cualquier modificación deberá considerar la distribución de escaños y evitar que la reducción afecte la representación de las provincias o de los sectores reconocidos por la normativa autonómica.
El planteamiento de Camino al Cambio también abre una discusión sobre el costo de la estructura política departamental. El funcionamiento de la Asamblea implica recursos para dietas, personal técnico y administrativo, oficinas, fiscalización, sesiones, comisiones y actividades de representación. Sin embargo, el eventual ahorro dependerá de la forma en que se aplique la reforma y de si la reducción alcanza únicamente a los legisladores o también a otros componentes administrativos.
La crisis económica del departamento se refleja en la disminución de ingresos y en las dificultades para financiar programas y proyectos. La Gobernación enfrenta compromisos heredados, obligaciones con empresas y entidades públicas, además de limitaciones para sostener inversiones en infraestructura y servicios. En ese contexto, las autoridades han planteado en distintos momentos la necesidad de revisar gastos y priorizar recursos.
La propuesta deberá superar varias etapas antes de llegar a las urnas. La Asamblea tendrá que revisar el contenido de la norma, establecer el alcance de la consulta y verificar que la pregunta sea clara y no contradiga la Constitución ni el Estatuto Autonómico. Posteriormente, el Tribunal Electoral deberá evaluar la convocatoria y organizar el proceso, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
También será necesario definir cómo se distribuirían los 17 escaños en caso de que la población apruebe la reducción. Ese aspecto podría generar debate entre las provincias, los municipios y las organizaciones sociales, debido a que una menor cantidad de representantes obligaría a modificar la actual fórmula de asignación.
Los impulsores de la iniciativa consideran que una Asamblea más pequeña permitiría reducir costos y agilizar el trabajo legislativo. Sus críticos, en cambio, podrían advertir que la disminución de representantes concentraría la toma de decisiones y reduciría la presencia directa de las provincias en el órgano departamental.
La discusión se produce además en un periodo de cuestionamientos a la capacidad de la Asamblea para fiscalizar la gestión de la Gobernación y aprobar leyes con impacto regional. La reducción numérica no resolvería por sí sola los problemas de eficiencia, transparencia o coordinación institucional, pero podría formar parte de una reforma más amplia del sistema autonómico departamental.
Para que el referéndum tenga viabilidad, la propuesta deberá contar con respaldo político suficiente dentro de la Asamblea. Camino al Cambio tendrá que buscar acuerdos con otras bancadas, ya que la aprobación de la ley requerirá una mayoría conforme a las reglas internas y al tipo de norma que se pretenda aprobar.
La iniciativa también podría ser sometida a observaciones jurídicas. La representación política departamental está vinculada a criterios constitucionales, electorales y autonómicos, por lo que la reducción no puede limitarse a una decisión administrativa. Deberá garantizarse la participación de todos los sectores y la preservación de los derechos de representación territorial e indígena.
El planteamiento llega en momentos en que la población demanda una administración pública más austera y resultados concretos. La falta de recursos ha obligado a revisar proyectos, postergar obras y priorizar gastos esenciales, mientras persisten pedidos de inversión en carreteras, hospitales, unidades educativas, riego y apoyo al sector productivo.
La eventual consulta permitiría que la ciudadanía defina directamente si considera necesario reducir el número de asambleístas. No obstante, antes de llegar a esa instancia, la Asamblea deberá precisar el impacto financiero de la medida, el nuevo esquema de representación y las modificaciones legales que serían necesarias.
Con la reactivación de las gestiones, Camino al Cambio pretende instalar nuevamente el debate sobre el tamaño y el costo del órgano legislativo departamental. La propuesta de pasar de 30 a 17 representantes será sometida a discusión política y jurídica, en un escenario marcado por la crisis económica y la exigencia de que las instituciones públicas reduzcan gastos sin afectar la representación ciudadana.