El presidente del Legislativo departamental, Álvaro Ojeda, hizo pública su preocupación por la demora del Ejecutivo en presentar el documento presupuestario, a solo tres jornadas de que venza el término legal fijado para el 7 de septiembre
Redacción Central/El Periódico/05-09-2026.- La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) atraviesa horas de tensión institucional ante la ausencia, hasta este 4 de septiembre, del Plan Operativo Anual (POA) 2027 por parte de la Gobernación. Así lo dio a conocer su presidente, Álvaro Ojeda, quien puso en evidencia el riesgo que representa para las finanzas del departamento que el documento no haya ingresado todavía al órgano legislativo, cuando restan apenas tres días para el vencimiento del plazo fatal establecido para el 7 de septiembre.
Según explicó la autoridad, la falta de entrega oportuna del instrumento presupuestario compromete no solo el cronograma interno de revisión de la Asamblea, sino también la posibilidad de que los asambleístas puedan analizar con el tiempo necesario un documento de esta envergadura. Ojeda remarcó que un envío tardío deja un margen mínimo para el estudio técnico y político del POA, lo que históricamente ha derivado en observaciones, devoluciones y hasta ampliaciones de plazo en gestiones anteriores del Gobierno departamental.
El titular de la ALDT también llamó la atención sobre la falta de socialización previa del contenido del presupuesto con el Legislativo, un paso que, a su juicio, resulta clave para evitar contratiempos en la etapa de aprobación. La ausencia de ese diálogo previo, advirtió, podría traducirse en un tratamiento apresurado del documento o, en el peor de los escenarios, en el incumplimiento del plazo constitucional, lo que dejaría en una situación de incertidumbre a las cuentas fiscales del departamento para la gestión 2027.
Cabe recordar que el POA es el instrumento que determina cómo se ejecutarán los recursos de cada entidad territorial durante el año siguiente, y su aprobación dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas resulta determinante para que el departamento pueda contar con el presupuesto habilitado desde el arranque de la gestión. Un atraso en su remisión o en su tratamiento legislativo suele generar demoras en la ejecución de proyectos de inversión, pago de obligaciones y funcionamiento de las distintas reparticiones del Gobierno autónomo.
La situación en Tarija contrasta con lo ocurrido en otros departamentos del país, donde el proceso de aprobación del POA 2027 ya se encuentra encaminado o incluso concluido. En Santa Cruz, por ejemplo, el Ejecutivo departamental promulgó recientemente la ley que aprueba su presupuesto para el próximo año, por un monto superior a los 1.463 millones de bolivianos, aunque sus propias autoridades reconocieron que los recursos resultan insuficientes para cubrir la totalidad de las necesidades de la población, en particular en infraestructura hospitalaria y vial. De manera similar, en Oruro la Asamblea Legislativa Departamental ya viabilizó la norma que aprueba su POA para la gestión 2027, con un techo presupuestario cercano a los 599 millones de bolivianos, destinado en su mayor parte a inversión pública y obras.
En el caso tarijeño, los antecedentes muestran que los plazos ajustados no son un fenómeno nuevo: en ciclos presupuestarios previos, la Gobernación ha remitido el documento a último momento, lo que en más de una ocasión motivó el rechazo inicial del POA por parte de la Asamblea y la necesidad de ampliar los tiempos de revisión más allá de la fecha original. Esa dinámica es, precisamente, la que Ojeda busca evitar advirtiendo tempranamente sobre el riesgo actual.
Por el momento, ni el Órgano Ejecutivo departamental ni la Secretaría de Planificación se han pronunciado públicamente sobre la fecha en que remitirán el documento a la Asamblea, mientras el plazo del próximo lunes 7 de septiembre se acerca sin certezas sobre el destino del presupuesto departamental para 2027.