En medio de una profunda crisis económica, con escasez de dólares, dificultades fiscales y un Estado que necesita incrementar sus ingresos, el Gobierno analiza la posibilidad de nacionalizar vehículos indocumentados. La propuesta puede parecer una salida rápida para recaudar recursos y poner bajo registro miles de motorizados que circulan actualmente al margen de la ley. Sin embargo, sus consecuencias podrían ser mucho más profundas.
Bolivia necesita recursos, pero no a cualquier precio. Convertir en legales vehículos que ingresaron al país burlando controles aduaneros significaría, en los hechos, premiar una conducta que durante años ha alimentado el contrabando y debilitado las fronteras.
El mensaje para la ciudadanía sería preocupante: quien cumple la ley paga impuestos, aranceles y trámites; quien espera y apuesta por la informalidad puede terminar obteniendo el mismo beneficio mediante una amnistía.
Y ese precedente puede resultar más costoso que la propia recaudación. Cada proceso de nacionalización genera la expectativa de que habrá otro en el futuro. De esa manera, la ilegalidad deja de ser un riesgo y puede convertirse en una estrategia comercial.
Existe además un aspecto que no puede ser ignorado: la procedencia de los vehículos. Antes de pensar en impuestos o placas, el Estado debería garantizar que cada motorizado tenga un origen lícito, que no esté vinculado con robos, delitos transnacionales u otras actividades criminales.
Si el Gobierno decide avanzar con esta medida, debería hacerlo bajo condiciones excepcionales, con controles estrictos, sin privilegios y dejando absolutamente claro que no habrá una nueva oportunidad para quienes continúen introduciendo vehículos ilegalmente.
La crisis económica no puede convertirse en argumento para flexibilizar indefinidamente el cumplimiento de las leyes. Bolivia necesita recaudar, sí, pero también necesita recuperar autoridad, fortalecer sus instituciones y combatir el contrabando.
Porque un Estado que periódicamente legaliza lo que antes prohibió corre el riesgo de enseñar una lección equivocada: que cumplir la ley es una opción y que, con suficiente paciencia, toda ilegalidad puede terminar siendo perdonada.