Las disputas entre asambleístas departamentales no pueden seguir ocupando el centro de la agenda mientras la población enfrenta problemas urgentes en salud, caminos, servicios básicos, empleo y desarrollo productivo.
La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija volvió a quedar atrapada en una disputa política que, más allá de las acusaciones y respuestas entre bancadas, revela una preocupante pérdida de prioridades. Mientras sus integrantes intercambian cuestionamientos sobre quién pretende gobernar, quién fiscaliza o quién trabaja más, los problemas de la población continúan acumulándose sin respuestas oportunas.
La discusión entre Álvaro Ojeda y los asambleístas de Camino al Cambio puede tener argumentos institucionales y políticos, pero no debería convertirse en el principal contenido de la actividad legislativa. La ciudadanía no eligió a sus representantes para asistir a una permanente confrontación mediática, sino para que elaboren leyes, fiscalicen el uso de los recursos públicos y contribuyan a resolver las dificultades del departamento.
La Asamblea tiene la obligación de controlar a la Gobernación, pero también debe comprender que fiscalizar no significa bloquear ni convertir cada diferencia en una batalla partidaria. Del mismo modo, la Gobernación debe aceptar la fiscalización y responder con transparencia, sin interpretar toda observación como una amenaza política. La separación de funciones no elimina la necesidad de coordinación; al contrario, la hace indispensable.
Tarija enfrenta problemas concretos que requieren acuerdos y decisiones. Hay deficiencias en hospitales y centros de salud, caminos deteriorados, comunidades con dificultades de acceso, demandas por servicios básicos, falta de oportunidades laborales y sectores productivos que esperan políticas claras. Ninguno de estos asuntos se resuelve con declaraciones, acusaciones o disputas sobre protagonismo institucional.
Los asambleístas deben demostrar su trabajo con proyectos de ley, informes, inspecciones, seguimiento presupuestario y propuestas viables. Si existen irregularidades, deben ser documentadas y denunciadas por las vías correspondientes. Si hay necesidades urgentes, deben convertirse en iniciativas concretas. La política departamental no puede reducirse a quién habla más fuerte o quién logra mayor repercusión en los medios.
También corresponde a las bancadas abandonar la lógica de la confrontación permanente. La oposición debe fiscalizar con responsabilidad y el oficialismo debe escuchar y rendir cuentas. Ambos tienen que entender que el adversario político no es enemigo de la institución y que los acuerdos no representan una renuncia a los principios, sino una obligación frente a la ciudadanía.
Tarija necesita una Asamblea que debata soluciones, no una institución paralizada por rivalidades. Las peleas internas pueden beneficiar temporalmente a determinados grupos, pero perjudican al conjunto de la población. Cada sesión desperdiciada en ataques personales es una oportunidad perdida para atender una demanda social.
Los asambleístas todavía están a tiempo de cambiar el rumbo. Deben dejar de utilizar los problemas del departamento como escenario de disputa y convertir sus diferencias en propuestas, controles efectivos y acuerdos públicos.