La Gobernación de Tarija tiene la obligación de despejar las dudas sobre el supuesto nuevo estudio tarifario de Setar y hacer público el documento, antes de que la incertidumbre se convierta en conflicto social.
En momentos en que la economía de las familias tarijeñas enfrenta un escenario cada vez más complejo, cualquier posibilidad de incremento en el costo de los servicios básicos genera preocupación. Por ello, la Gobernación de Tarija tiene hoy una responsabilidad que no puede postergar: transparentar de manera completa los procedimientos administrativos y técnicos relacionados con el estudio tarifario que se habría elaborado en Servicios Eléctricos de Tarija (Setar).
El problema no radica únicamente en la posibilidad de que exista o no un incremento en las tarifas de energía eléctrica. El verdadero problema es la falta de información clara y accesible que permita a la población conocer qué se está analizando, quién elaboró el estudio, bajo qué parámetros, cuáles son sus conclusiones y, fundamentalmente, si existe alguna determinación que pueda afectar el bolsillo de los usuarios.
Dirigentes vecinales han expresado temor ante un eventual aumento y han reclamado información a las autoridades. En un contexto de inflación, pérdida del poder adquisitivo, dificultades para acceder a divisas, incremento de precios y problemas que afectan diariamente a los hogares, la sola posibilidad de un nuevo ajuste tarifario resulta suficiente para generar inquietud.
Por eso, la respuesta institucional no debería limitarse a desmentir o confirmar verbalmente las versiones que circulan. La mejor manera de terminar con las especulaciones es mostrar el documento. Si existe un estudio tarifario, corresponde ponerlo a consideración de la sociedad, explicar su contenido y establecer con absoluta claridad si se trata de una propuesta, un análisis técnico, un trámite en curso o una decisión que eventualmente podría derivar en nuevas tarifas.
Y si no existe ninguna propuesta de incremento, también corresponde demostrarlo documentalmente y explicar públicamente de dónde surgieron las versiones que han generado preocupación.
La transparencia no debe ser entendida como una concesión de las autoridades, sino como una obligación frente a una ciudadanía que tiene derecho a conocer cómo se administran las empresas y recursos públicos. Setar presta un servicio esencial y cualquier modificación que incida sobre sus tarifas debe estar respaldada por información técnica, procedimientos legales y una explicación pública comprensible.
La Gobernación tiene, además, la oportunidad de evitar que una cuestión administrativa termine transformándose en un conflicto social. Abrir la información, convocar a los representantes vecinales, explicar el estudio y permitir que los sectores interesados conozcan sus fundamentos sería una señal de responsabilidad institucional.
Tarija no necesita rumores ni versiones contradictorias. Necesita certezas. Si el estudio tarifario existe, que se conozca. Si contempla un incremento, que se expliquen sus razones y alcances. Y si no existe tal posibilidad, que también quede demostrado.
En tiempos de crisis, la transparencia es la mejor herramienta para evitar la desconfianza.