MANO FIRME CONTRA EL CONTRABANDO EN LA FRONTERA

El contrabando de gas licuado de petróleo (GLP) desde Bolivia hacia Argentina, por la frontera de Bermejo, constituye una sangría de recursos públicos que el Estado no puede seguir tolerando. La enorme diferencia de precios entre ambos países, producto del subsidio boliviano, convierte cada garrafa desviada en un beneficio ilegal para los contrabandistas y en una pérdida para todos los bolivianos.El subsidio al GLP fue concebido para proteger la economía de los hogares, no para financiar negocios clandestinos. Sin embargo, mientras el Estado sostiene el costo de mantener precios accesibles, grupos ilegales aprovechan esa ventaja económica para lucrar con un producto destinado al consumo nacional. Esta situación exige acciones inmediatas, firmes y sostenidas, no simples operativos destinados a mostrar resultados pasajeros.El control fronterizo debe dejar de ser una reacción ocasional y convertirse en una política permanente de Estado. Es urgente reforzar la vigilancia en Bermejo, establecer controles rigurosos en las rutas de salida, fiscalizar los puntos de distribución y aplicar sistemas de trazabilidad que permitan identificar el origen y destino de cada cargamento. La tecnología, la inteligencia policial y la coordinación entre Aduana, las fuerzas de seguridad y las autoridades energéticas deben cerrar los espacios que hoy aprovechan las redes ilegales.Pero controlar también significa investigar y sancionar a los responsables de organizar, financiar y proteger estas operaciones. No basta con decomisar garrafas ni detener a quienes las transportan. Hay que llegar a los cabecillas, desarticular las redes y aplicar la ley sin privilegios ni excepciones. Cualquier indicio de complicidad de funcionarios debe investigarse con la misma firmeza.Bolivia también necesita coordinación efectiva con Argentina para intercambiar información, detectar los circuitos de comercialización ilegal y ejecutar acciones conjuntas. La frontera no puede ser una zona de impunidad ni un territorio donde el contrabando resulte más rentable que cumplir la ley.El Gobierno debe asumir su responsabilidad y demostrar resultados verificables. Proteger el subsidio significa defender los recursos públicos y garantizar el abastecimiento de las familias bolivianas. Cada garrafa que sale ilegalmente es una falla de control que debe corregirse. La tolerancia y la improvisación deben terminar.