Tarija no puede seguir sosteniendo estructuras políticas diseñadas para una realidad económica que ya no existe. En un departamento con aproximadamente 500.000 habitantes, recursos públicos cada vez más limitados y una Gobernación agobiada por deudas, obligaciones acumuladas y dificultades para financiar obras esenciales, mantener 30 asambleístas departamentales resulta difícil de justificar.
La propuesta de reducir ese número a 17 representantes, impulsada por Camino al Cambio, merece ser debatida con seriedad y sin cálculos partidarios. No se trata únicamente de disminuir dietas o recortar algunos gastos administrativos. Se trata de revisar si el tamaño actual de la Asamblea Legislativa Departamental responde a las necesidades reales de Tarija o si, por el contrario, representa una carga institucional desproporcionada frente a la capacidad financiera del departamento.
La Asamblea Departamental cumple una función importante. Fiscaliza, legisla y representa a las provincias, municipios y pueblos indígena originario campesinos. Sin embargo, la importancia de esas atribuciones no implica que el órgano deba mantener una estructura sobredimensionada. La representación política debe ser efectiva, pero también responsable con el dinero de los ciudadanos.
Tarija enfrenta una crisis que no puede ser ignorada. La Gobernación tiene dificultades para cumplir compromisos, sostener programas, ejecutar proyectos y atender demandas urgentes en salud, educación, caminos, agua, riego y apoyo productivo. En ese contexto, cada institución pública debe preguntarse si sus gastos son razonables, si sus resultados están a la altura de los recursos que recibe y si existe margen para reducir costos sin afectar derechos fundamentales.
La respuesta, en el caso de la Asamblea, parece evidente: 30 legisladores para un departamento de medio millón de habitantes es una cifra excesiva. Más aún cuando el funcionamiento del órgano legislativo no se limita al pago de dietas. También implica personal de apoyo, asesores, oficinas, logística, comisiones, viajes, sesiones y otros gastos administrativos. El costo total de esa estructura debe ser transparentado y comparado con los resultados que ofrece.
Reducir el número de asambleístas no resolverá por sí solo la crisis financiera de Tarija. Sería ingenuo sostener lo contrario. Pero sí puede constituir una señal concreta de austeridad y una medida inicial dentro de una reforma más amplia del aparato público departamental. La ciudadanía no puede ser convocada permanentemente a aceptar recortes, postergación de obras y limitaciones presupuestarias mientras las instituciones políticas mantienen estructuras costosas y poco eficientes.
La discusión debe evitar, sin embargo, cualquier intento de utilizar la reducción como mecanismo de exclusión territorial o política. Una Asamblea más pequeña no puede significar que las provincias pierdan representación ni que los pueblos indígena originario campesinos sean relegados. La reforma debe garantizar equilibrio territorial, participación democrática y respeto al marco constitucional, autonómico y electoral.
Por eso, la propuesta debe estar acompañada de información clara. La Asamblea y la Gobernación tienen la obligación de explicar cuánto cuesta actualmente el órgano legislativo, cuánto se ahorraría con la reducción y cómo se distribuirían los 17 escaños. No basta con presentar una cifra políticamente atractiva. La ciudadanía necesita conocer el impacto real de la medida y las garantías de representación que tendría el nuevo esquema.
El eventual referéndum departamental puede ser una vía legítima para que la población decida. Pero antes de llegar a las urnas, corresponde que los actores políticos actúen con responsabilidad. La pregunta debe ser clara, la propuesta debe cumplir las normas y el debate no puede convertirse en una disputa entre bancadas interesadas únicamente en conservar espacios de poder.
Tarija necesita instituciones más pequeñas, transparentes y orientadas a resultados. La austeridad no debe aplicarse solamente a los programas sociales, a la inversión pública o a las comunidades que esperan obras. También debe alcanzar a las estructuras políticas y administrativas que consumen recursos sin demostrar una eficiencia proporcional.
La reducción de 30 a 17 asambleístas debe ser considerada como una oportunidad para modernizar la representación departamental. Una Asamblea con menos miembros, pero con mayor capacidad técnica, mejores mecanismos de fiscalización y más transparencia, podría ser más útil que una estructura numerosa cuya eficacia es cuestionada por la población.
El debate no debe centrarse únicamente en cuántos asambleístas tendrá Tarija, sino en qué tipo de Asamblea necesita el departamento. Una institución que legisle con calidad, fiscalice de manera independiente, represente a las provincias y rinda cuentas. Una institución que comprenda que administrar recursos escasos exige dar el ejemplo.
Tarija no puede seguir actuando como si tuviera ingresos ilimitados. La realidad financiera obliga a tomar decisiones difíciles y a revisar privilegios, gastos y estructuras. Mantener 30 asambleístas en un departamento con 500.000 habitantes, mientras faltan recursos para atender necesidades básicas, no parece una prioridad pública.
La propuesta de reducirlos a 17 debe avanzar al debate ciudadano. Si cumple las exigencias legales y garantiza una representación equilibrada, la población debería tener la última palabra.