Los reclamos por las facturas eléctricas, el nuevo estudio tarifario y presuntas irregularidades en la empresa departamental exigen respuestas claras de la Gobernación antes de que la protesta social escale.
La electricidad no es un asunto menor ni una discusión que pueda quedar atrapada entre oficinas, informes técnicos y declaraciones políticas. Es un servicio básico que llega todos los días a los hogares tarijeños y cualquier modificación en su costo tiene un efecto inmediato sobre una economía familiar que ya enfrenta suficientes dificultades.
Por eso resulta preocupante que alrededor de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) se haya instalado un clima de incertidumbre que la Gobernación debe despejar con urgencia. Organizaciones vecinales vienen reclamando explicaciones sobre el nuevo estudio tarifario y cuestionando posibles incrementos en las facturas. El malestar ya pasó de los pronunciamientos a las calles y este miércoles se registró una protesta frente a la Gobernación. (El País Tarija)
La Federación de Juntas Vecinales de Cercado otorgó inicialmente un plazo de 72 horas para obtener respuestas y conocer el contenido y los fundamentos del estudio. Cumplido ese plazo, las organizaciones anunciaron que analizarán nuevas medidas de presión. El escenario, por tanto, está dejando de ser una advertencia para convertirse en un conflicto que puede crecer rápidamente. (El País Tarija)
La Gobernación tiene una responsabilidad ineludible. SETAR es una empresa pública departamental y la propia normativa departamental reconoce al Gobierno Autónomo Departamental competencias sobre este tipo de empresas. (Gobierno Autónomo Municipal de Tarija)
No se trata de asumir automáticamente que existe un incremento ilegal o injustificado. Tampoco corresponde convertir las denuncias vecinales en verdades definitivas sin una investigación. Precisamente por eso hace falta transparencia: publicar los estudios, explicar la metodología, mostrar las variables utilizadas y establecer con claridad qué parte de una factura responde a la tarifa y qué parte puede obedecer al consumo.
La autoridad reguladora nacional ya aclaró que ninguna distribuidora puede modificar unilateralmente las tarifas y que cualquier cambio debe sujetarse al procedimiento regulatorio correspondiente. También recordó que un aumento en el monto de una factura no necesariamente significa un incremento tarifario. (Setar)
Pero esa precisión técnica no elimina la obligación política de informar. Si existen facturas que los usuarios consideran desproporcionadas, deben ser revisadas. Si existen errores de medición o facturación, deben corregirse. Y si existe un estudio tarifario, la ciudadanía tiene derecho a conocer sus fundamentos.
Más delicado todavía es que hayan surgido denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de SETAR. La Gobernación informó que activó mecanismos institucionales para revisar antecedentes relacionados con posibles hechos de corrupción y que estos serán derivados a las instancias competentes. (Gobierno Autónomo Municipal de Tarija)
Aquí no corresponde proteger a nadie por razones políticas ni condenar a nadie sin investigación. Corresponde investigar. Y hacerlo rápido, porque la falta de información alimenta la sospecha y la sospecha termina convirtiéndose en indignación.
María René Soruco tiene hoy la oportunidad de demostrar que escuchar a la población no significa ceder ante presiones, sino ejercer autoridad. Convocar a la Fejuve, reunir a los técnicos de SETAR, abrir la documentación disponible y ordenar las revisiones que sean necesarias sería una señal de conducción.
No es preciso esperar a que la sangre llegue al río. Tarija ya conoce demasiado bien las consecuencias de los conflictos que comienzan con una demanda concreta y terminan paralizando instituciones, calles y actividades económicas.
La Gobernación debe actuar antes de que eso ocurra. La electricidad puede tener números, fórmulas y estudios técnicos, pero detrás de cada factura hay una familia que debe pagarla.