La Gobernación de Tarija dispondrá de aproximadamente Bs 14 millones de libre disponibilidad luego de que el Gobierno nacional asuma determinadas competencias que hasta ahora eran financiadas por la administración departamental. Para María René Soruco, este alivio debe formar parte de una transformación más amplia del sistema de distribución de recursos y del régimen autonómico.
Redacción Central/El Periódico/11-08-2026.- La Gobernación de Tarija tendrá alrededor de 14 millones de bolivianos de libre disponibilidad como resultado de la decisión de trasladar al nivel central determinadas responsabilidades que hasta ahora representaban una carga financiera para la administración departamental. El movimiento es considerado por la gobernadora María René Soruco como un paso inicial dentro de una discusión mucho más amplia sobre las finanzas de las autonomías.
La autoridad departamental sostiene que el alivio financiero no debería entenderse como una solución definitiva a las restricciones económicas que enfrenta la Gobernación. El objetivo de fondo es modificar las condiciones bajo las cuales se distribuyen y administran los recursos públicos, de manera que los gobiernos departamentales cuenten con mayores posibilidades de decisión y planificación.
En esa perspectiva, Soruco plantea la necesidad de revisar y modificar un conjunto de disposiciones legales que actualmente condicionan las finanzas departamentales. La reforma normativa es considerada fundamental para avanzar hacia una mayor soberanía fiscal, entendida como la capacidad de las entidades autónomas de disponer de recursos suficientes y de ejercer efectivamente las competencias que les corresponden.
El planteamiento adquiere especial relevancia en el marco de las conversaciones entre el Gobierno nacional y las gobernaciones para definir una nueva relación financiera entre el nivel central y las regiones. En ese escenario, Tarija pretende que el debate desemboque en la aplicación del denominado pacto 50-50, cuya implementación está proyectada para comenzar en 2027.
La propuesta contempla una modificación progresiva del actual esquema de distribución de ingresos, con una mayor participación de las entidades territoriales en los recursos generados por la actividad económica y tributaria del país. Para Tarija, la discusión no solamente debe concentrarse en cuánto dinero recibe cada departamento, sino también en qué competencias se transfieren, quién las financia y bajo qué reglas se administran los recursos.
El antecedente inmediato es la liberación de aproximadamente Bs 14 millones después del reconocimiento de responsabilidades que serán asumidas por el Estado nacional. Estos recursos permitirán a la Gobernación disponer de un margen adicional para atender otras obligaciones y necesidades departamentales, en un contexto marcado por restricciones presupuestarias y dificultades para cubrir el conjunto de las demandas regionales.
Sin embargo, la administración de Soruco considera que el verdadero desafío está en evitar que las gobernaciones continúen recibiendo competencias sin contar con el financiamiento correspondiente. De ahí la importancia que otorga a la modificación del paquete de leyes y a la construcción de un nuevo esquema de coparticipación.
El debate sobre la soberanía fiscal también se relaciona con la situación particular de Tarija, un departamento que durante años tuvo una importante participación en los ingresos provenientes de los hidrocarburos, pero que posteriormente experimentó una reducción significativa de sus recursos debido a la caída de la producción y a cambios en la estructura de ingresos públicos.
En este escenario, la propuesta del 50-50 busca convertirse en una alternativa para garantizar mayor sostenibilidad financiera a las autonomías. La agenda acordada entre gobernaciones apunta a que las modificaciones necesarias puedan incorporarse al proceso de elaboración del Presupuesto General del Estado 2027, aunque para ello será necesario avanzar previamente en ajustes legales y administrativos.
La posición de Tarija, por tanto, combina una medida inmediata —la liberación de Bs 14 millones— con una demanda estructural: cambiar las reglas fiscales que determinan la relación entre el Estado central y los gobiernos departamentales.
El desafío para Soruco será convertir este planteamiento en acuerdos concretos con el Gobierno nacional y con las demás gobernaciones. La discusión sobre el 50-50 ya no aparece únicamente como una demanda regional, sino como parte de una agenda nacional destinada a redefinir el financiamiento de las autonomías y establecer nuevas condiciones para su funcionamiento.