El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca, afirmó en entrevista exclusiva con Canal 15 de Tarija que asumió personalmente la decisión de intervenir los mecanismos de control de la estatal petrolera, al amparo de las leyes vigentes, para frenar hechos irregulares y revisar toda la cadena de operaciones, desde la adquisición de carburantes hasta su comercialización. Una comisión técnica interdisciplinaria y una nueva plataforma digital de denuncias forman parte de la estrategia.
Redacción Central/El Periódico/10-08-2026.- La lucha contra la corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pretende ingresar en una nueva etapa. Así lo afirmó su presidente ejecutivo, Sebastián Daroca, quien, en entrevista exclusiva con el noticiero de Canal 15 de Tarija, reveló que asumió directamente la decisión de intervenir los mecanismos internos de la estatal petrolera para enfrentar hechos irregulares que, según explicó, se han venido registrando y cuyos antecedentes obligan a adoptar medidas de fondo.
Daroca fue categórico al señalar que la determinación no responde a una acción improvisada ni a una decisión ajena a las atribuciones de la presidencia ejecutiva, sino a una decisión institucional adoptada en el marco de las leyes vigentes. El objetivo, dijo, es terminar con prácticas irregulares y establecer un nuevo sistema de control que permita conocer qué ocurre en cada uno de los eslabones que conforman la compleja cadena de los hidrocarburos.
La decisión adquiere especial relevancia porque YPFB no solamente administra una de las empresas estratégicas más importantes del país, sino que se encuentra en el centro de una actividad que tiene relación directa con la economía nacional, el abastecimiento de combustibles y el manejo de importantes recursos públicos. Por ello, cualquier indicio de corrupción, irregularidad o falta de transparencia genera un impacto que trasciende las oficinas de la empresa y alcanza directamente a la sociedad boliviana.
En este contexto, Daroca informó que se conformó una comisión técnica interdisciplinaria encargada de revisar los procedimientos utilizados por YPFB y verificar su legalidad. La revisión abarcará toda la cadena, desde la adquisición de carburantes hasta su comercialización, con la intención de identificar eventuales irregularidades, detectar vulnerabilidades en los procedimientos y establecer, cuando corresponda, responsabilidades.
El carácter interdisciplinario de la comisión busca precisamente evitar que la revisión quede restringida a una sola perspectiva. Los procedimientos deberán ser analizados desde los ámbitos técnico, jurídico y administrativo, de manera que cualquier determinación posterior tenga como respaldo elementos verificables y no solamente denuncias o sospechas.
Pero la ofensiva anunciada por Daroca no se limitará a los mecanismos internos de control. El presidente ejecutivo también dio a conocer la implementación de una plataforma virtual destinada a recibir denuncias sobre posibles hechos irregulares dentro de la estatal petrolera.
El sistema, desarrollado por profesionales especializados en informática y tecnología digital, permite acceder mediante un código QR y presentar denuncias de manera virtual. Uno de los principales objetivos es preservar la identidad de quienes proporcionen información, creando un mecanismo que permita denunciar posibles hechos de corrupción sin exponer al denunciante.
Sin embargo, la plataforma también incorpora mecanismos destinados a evitar que el sistema sea utilizado para acusaciones falsas, intereses particulares o disputas de carácter político. Daroca explicó que se emplearán herramientas vinculadas con inteligencia artificial para contribuir al análisis de la información y de los elementos que respalden las denuncias, con el propósito de establecer su consistencia, legalidad y veracidad.
La precisión resulta particularmente importante en un escenario en el que una denuncia puede convertirse rápidamente en un instrumento de presión pública. Para Daroca, la lucha contra la corrupción debe ser contundente, pero también responsable. No se trata simplemente de acumular acusaciones, sino de investigar aquellas que presenten elementos objetivos y separar los hechos que puedan constituir delitos de las denuncias que respondan a intereses ajenos a la transparencia institucional.
La plataforma, según informó el ejecutivo, ya comenzó a recibir denuncias. Pese a los pocos días de funcionamiento, se han registrado comunicaciones provenientes de diferentes regiones del territorio nacional. Actualmente, estas denuncias se encuentran en una etapa de evaluación, por lo que YPFB todavía no anticipó conclusiones ni señaló responsabilidades concretas.
El procedimiento contempla que cada caso sea sometido a una revisión antes de determinar las acciones que correspondan. Si una denuncia presenta elementos suficientes, se adoptarán las medidas respectivas y, cuando existan indicios de la comisión de delitos, los antecedentes podrán ser remitidos al Ministerio Público para que se desarrollen las investigaciones conforme a ley.
La señal política e institucional de esta decisión es clara: la nueva conducción de YPFB pretende modificar la manera en que se enfrentan los hechos de corrupción dentro de la estatal. Daroca plantea pasar de una lógica reactiva, en la que se actúa una vez conocido un escándalo, a un esquema preventivo basado en controles permanentes, revisión de procedimientos, participación ciudadana y utilización de nuevas tecnologías.
El desafío, sin embargo, estará en los resultados. Una política anticorrupción no puede medirse solamente por la cantidad de denuncias recibidas ni por la creación de plataformas digitales. Su verdadera eficacia deberá demostrarse en la capacidad de investigar, comprobar y sancionar los hechos cuando existan elementos suficientes, sin encubrimientos y sin permitir que los procesos sean utilizados para perseguir políticamente a personas que no tengan responsabilidad.
En ese sentido, la decisión de Daroca abre una etapa que deberá ser observada con atención. La transparencia también implica informar a la ciudadanía qué ocurrió con las denuncias recibidas, cuáles fueron descartadas por falta de sustento, cuáles derivaron en investigaciones y cuáles llegaron a las instancias judiciales.
YPFB enfrenta así una doble exigencia: combatir cualquier forma de corrupción y, simultáneamente, garantizar que esa lucha se desarrolle con absoluta responsabilidad institucional. La protección de los denunciantes, la verificación de las pruebas y la aplicación estricta de la ley serán determinantes para evitar que una herramienta creada para transparentar la empresa termine siendo utilizada con otros fines.
Durante la entrevista con Canal 15 de Tarija, Daroca dejó claro que su decisión pretende marcar una diferencia respecto de anteriores mecanismos de control y que está dispuesto a llevar los casos hasta las instancias legales correspondientes cuando las investigaciones encuentren elementos que lo justifiquen.
El mensaje representa, en definitiva, un intento de marcar un antes y un después en la administración de la principal empresa petrolera estatal. La comisión interdisciplinaria, la plataforma digital de denuncias y el uso de herramientas tecnológicas para verificar información constituyen los primeros instrumentos de una estrategia que busca cerrar espacios a la corrupción y recuperar la confianza pública.
El anunciado “giro de timón” tendrá ahora que demostrar su eficacia en los hechos. Las denuncias que ya llegaron desde distintos puntos del país serán la primera prueba. De su investigación dependerá si la nueva política de YPFB logra convertirse en una verdadera ofensiva contra la corrupción o queda reducida a un conjunto de anuncios. La ciudadanía espera respuestas, pero también exige que esas respuestas estén respaldadas por investigaciones serias, pruebas verificables y decisiones firmes. En una empresa estratégica para Bolivia, la transparencia no puede ser solamente un discurso: debe convertirse en una práctica permanente.