El presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Richard Garnica, expresó su preocupación por el aumento registrado en productos esenciales para las familias y pidió a la Alcaldía reforzar la fiscalización en los centros de abasto para evitar incrementos que no tengan una justificación en la cadena de comercialización.
Redacción Central/El Periódico/11-08-2026.- La preocupación de las organizaciones vecinales por el comportamiento de los precios de los productos de la canasta básica volvió a instalarse en la agenda pública de Tarija. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Richard Garnica, demandó a las autoridades municipales asumir acciones concretas para controlar el costo de los alimentos y verificar las condiciones en las que se comercializan en los diferentes mercados de la ciudad.
Entre los productos que generan mayor inquietud se encuentra la carne de pollo, cuyo precio, según el dirigente vecinal, habría llegado hasta los 30 bolivianos por kilogramo en determinados puntos de venta. El incremento adquiere especial importancia debido al elevado nivel de consumo de este alimento entre las familias y al impacto que cualquier variación tiene sobre el presupuesto destinado a la alimentación.
El reclamo de los vecinos se extiende también a otros productos que forman parte de la canasta familiar y cuyos precios han experimentado variaciones. Para las organizaciones vecinales, el comportamiento de estos costos debe ser objeto de un seguimiento permanente, especialmente en un escenario económico en el que los ingresos de las familias enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades cotidianas.
Garnica pidió que la oficina municipal de Defensa del Consumidor, junto con las instancias encargadas de la fiscalización de los mercados, intensifique los controles en los principales centros de abasto. El objetivo es establecer si los incrementos responden efectivamente a factores relacionados con el abastecimiento, transporte, producción y comercialización o si existen márgenes que no encuentran una explicación razonable.
La solicitud también apunta a que los controles no se limiten a verificar el precio final. Las autoridades municipales deben realizar un seguimiento de la cadena de comercialización, comparar los precios mayoristas y minoristas y comprobar que los consumidores reciban el peso correspondiente por los productos adquiridos.
El pedido de la dirigencia vecinal cobra relevancia porque los precios de los alimentos pueden presentar diferencias importantes entre establecimientos y mercados. Reportes previos sobre el comportamiento del pollo en Tarija muestran que el producto ha atravesado fuertes fluctuaciones durante el último año. En 2025 llegó a comercializarse alrededor de los 28 a 30 bolivianos por kilo, mientras que posteriormente registró descensos importantes.
Durante marzo de este año, el sector avícola había reportado precios mayoristas próximos a los 20 bolivianos y valores al consumidor que podían situarse entre 21 y 22 bolivianos por kilo, dependiendo de las características de la venta. Estos antecedentes muestran la volatilidad del mercado y la necesidad de contar con información actualizada para determinar cuándo una variación responde a condiciones reales de oferta y demanda.
En ese contexto, la dirigencia vecinal considera que la intervención municipal debe estar orientada a proteger al consumidor y garantizar transparencia en la comercialización. La población necesita conocer cuáles son los precios referenciales y tener mecanismos accesibles para denunciar cobros excesivos, diferencias injustificadas o irregularidades en el peso de los productos.
La Intendencia Municipal ya ha desarrollado anteriormente controles periódicos en mercados, tiendas y supermercados, además de establecer precios referenciales para algunos productos de primera necesidad. Para los vecinos, sin embargo, el actual escenario económico requiere reforzar esas tareas y ampliar la presencia de los funcionarios en los centros de abastecimiento.
El reclamo de FEJUVE se produce en momentos en que las familias tarijeñas enfrentan un incremento general de sus gastos cotidianos. La subida de los alimentos, sumada al costo del transporte, servicios y otros bienes esenciales, reduce progresivamente la capacidad adquisitiva de los hogares.
Garnica plantea que las autoridades municipales deben asumir este problema como una prioridad y generar mecanismos de control que permitan identificar rápidamente cualquier distorsión en los precios. La expectativa de los vecinos es que la fiscalización contribuya a evitar que los consumidores terminen pagando incrementos que no estén respaldados por un aumento real de los costos de producción o comercialización.
La demanda, finalmente, apunta a preservar el poder adquisitivo de las familias y garantizar que los mercados de Tarija funcionen bajo condiciones de transparencia, competencia y respeto a los derechos del consumidor.