El alcalde de Tarija y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales precisó que el planteamiento del Gobierno sobre la regularización de vehículos indocumentados será analizado por los municipios del país en un encuentro nacional, sin que hasta el momento exista una postura de rechazo cerrado
Redacción Central/El Periodico/02-09-2026.- El alcalde de Tarija y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Johnny Torres, informó que los municipios del país someterán a evaluación la propuesta del Gobierno nacional orientada a nacionalizar los denominados autos “chutos”, en el marco de una reunión de carácter nacional en la que participarán representantes de las distintas alcaldías bolivianas. La autoridad aclaró que, contrariamente a lo que se difundió en los últimos días, la iniciativa no fue descartada de manera definitiva por el sector municipal, sino que se encuentra en una etapa de análisis y socialización entre los ediles del país.
La propuesta de regularizar los vehículos indocumentados que circulan sin registro ni pago de impuestos en distintas regiones de Bolivia volvió a instalarse en la agenda pública luego de que el presidente Rodrigo Paz planteara a los representantes municipales la posibilidad de avanzar con este proceso, argumentando que la medida permitiría generar ingresos adicionales y de rápida disponibilidad para las arcas de los gobiernos locales. El planteamiento fue expuesto durante un encuentro con representantes de la FAM, en el que también se abordaron otros temas vinculados a la distribución de recursos económicos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, entre ellos la denominada agenda de coparticipación tributaria que los municipios impulsan desde hace meses.
Según Torres, la decisión sobre este tema no puede tomarse de manera unilateral ni apresurada, motivo por el cual los alcaldes del país acordaron llevar la discusión a un espacio de deliberación conjunta, donde cada municipio podrá exponer su posición y las particularidades de su contexto antes de asumir una postura oficial como bloque. El dirigente municipal remarcó que el debate sobre la nacionalización de estos vehículos no es un asunto menor, considerando que involucra aspectos económicos, tributarios y de seguridad jurídica que deben ser analizados con el detenimiento necesario.
El planteamiento gubernamental generó reacciones divididas en distintos sectores del país. Mientras algunas autoridades departamentales del eje central manifestaron respaldo a la idea, al considerarla una alternativa viable para inyectar recursos frente a las limitaciones presupuestarias que enfrentan actualmente los gobiernos subnacionales, otras voces expresaron su rechazo, advirtiendo que una medida de este tipo podría enviar una señal equivocada y terminar por fortalecer la economía informal e ilegal vinculada al ingreso irregular de motorizados al territorio nacional.
Por su parte, el sector automotor formal también se pronunció con preocupación, al considerar que una eventual regularización representaría un golpe directo para quienes optaron por la vía legal en la adquisición de sus vehículos, además de advertir un posible impacto negativo en las ventas del mercado formal. A ello se sumaron observaciones de organizaciones vinculadas al transporte, que llamaron a que cualquier proceso de nacionalización contemple mecanismos efectivos de identificación, registro y control de los vehículos que sean regularizados, con el fin de evitar que estos continúen circulando al margen de la fiscalización estatal.
En el plano legislativo, existe además una iniciativa impulsada por legisladores de oposición que busca establecer un marco normativo extraordinario para la regularización de estos motorizados, bajo el argumento de que los recursos recaudados podrían destinarse a financiar obras y proyectos de desarrollo tanto en alcaldías como en gobernaciones. Esta propuesta, sin embargo, también enfrentó cuestionamientos de sectores empresariales y políticos, que advierten sobre los riesgos de premiar prácticas irregulares y de facilitar el uso de estos vehículos en actividades relacionadas con el delito.
En este contexto, Torres insistió en que corresponde a los propios municipios definir una posición conjunta y meditada frente a un tema que, según indicó, será determinante para las finanzas de numerosas alcaldías del país, muchas de las cuales atraviesan serias dificultades para cubrir sus gastos de funcionamiento e inversión. El titular de la FAM adelantó que la discusión sobre la nacionalización de los autos indocumentados se sumará a otros puntos centrales que los municipios boletos llevarán a la mesa de negociación con el nivel central, entre ellos la ampliación de los recursos de coparticipación tributaria destinados a los gobiernos municipales de todo el país.