El cambio climático dejó de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad cotidiana para el sector agropecuario de Tarija. Sequías prolongadas, lluvias irregulares, heladas fuera de temporada, granizadas y temperaturas extremas forman parte de un escenario que golpea cada vez con mayor fuerza a miles de familias que viven de la producción agrícola y pecuaria. Sin embargo, mientras los efectos climáticos se intensifican, la respuesta del Estado continúa siendo insuficiente.
El productor campesino no solo debe lidiar con una naturaleza cada vez más impredecible. También enfrenta el incremento permanente de los costos de producción. Los insumos agrícolas, el combustible, el transporte, la maquinaria y la mano de obra se han encarecido considerablemente en los últimos años. Paradójicamente, cuando llega el momento de comercializar sus productos, los precios que recibe son cada vez menores, reduciendo la rentabilidad de una actividad que resulta fundamental para la seguridad alimentaria del departamento.
La situación exige mucho más que discursos o anuncios. El cambio climático demanda políticas públicas concretas, sostenidas y con recursos suficientes. No basta con atender las emergencias cuando una sequía o una granizada destruyen los cultivos. Es indispensable trabajar en la prevención, fortaleciendo la capacidad de adaptación del sector mediante sistemas de riego, cosecha de agua, asistencia técnica, semillas más resistentes, acceso a tecnología, seguros agropecuarios y mecanismos de financiamiento oportunos.
El campo tarijeño necesita instituciones que planifiquen a largo plazo y no únicamente respuestas coyunturales. La agricultura y la ganadería continúan siendo pilares de la economía regional, generando empleo, abasteciendo los mercados y sosteniendo a cientos de comunidades rurales. Descuidar este sector implica poner en riesgo no solo los ingresos de miles de familias, sino también la disponibilidad de alimentos y el desarrollo económico del departamento.
La realidad demuestra que el productor ha debido aprender a sobrevivir prácticamente por cuenta propia. La resiliencia del campesino es admirable, pero no puede convertirse en una excusa para que el Estado reduzca su responsabilidad. Los desafíos actuales superan la capacidad individual de cualquier agricultor o ganadero y requieren una acción coordinada entre el Gobierno nacional, la Gobernación, los municipios, las universidades y las instituciones técnicas.
Tarija posee un enorme potencial productivo. Sus valles, el Chaco y las zonas altas ofrecen condiciones privilegiadas para el desarrollo agropecuario. No obstante, ese potencial corre el riesgo de deteriorarse si no se implementan estrategias que permitan enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar la competitividad del sector.
Hoy más que nunca, invertir en el agro no debe verse como un gasto, sino como una apuesta por la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible. El productor no necesita promesas; necesita políticas efectivas, apoyo técnico y decisiones que le permitan seguir produciendo en un contexto cada vez más adverso.