Escribe: Roberto Márquez
Un sistema sanitario del siglo XXI no puede sobrevivir encadenado a las taras jurídicas del pasado. Por casi medio siglo, la salud pública boliviana ha cargado con el lastre de un anacrónico Código de Salud —el Decreto Ley N.º 15629, impuesto el 18 de julio de 1978—. Forjado en las entrañas de una dictadura y diseñado para un país que ya no existe, este cuerpo normativo ha agotado su tiempo. Hoy, la realidad social demanda una síntesis superadora ineludible: la evidente contradicción entre un armazón legal fosilizado y el avance indetenible de la ciencia exige, sin mayor demora, su demolición y reemplazo definitivo.
A finales de la década de 1970, Bolivia era un país con una estructura demográfica joven, una alta tasa de mortalidad infantil y un perfil epidemiológico dominado implacablemente por las enfermedades infecciosas y transmisibles. La medicina de entonces era primordialmente curativa y fragmentaria, concebida bajo programas verticales y con una exigua infraestructura tecnológica.
Sin embargo, el devenir histórico no se detiene: la contradicción interna de la transición demográfica aceleró el envejecimiento de la población boliviana, mientras que la evolución epidemiológica desplazó el peso de la enfermedad hacia las dolencias crónicas y complejas (el cáncer, las patologías cardiovasculares, la diabetes, los trastornos de salud mental y los traumatismos), evidenciando que la tesis del modelo asistencial anterior ya no responde a la nueva antítesis social.
En este trayecto, resulta imperativo examinar la contradicción fundamental de nuestro pasado reciente: durante dos décadas de bonanza económica y de implementación del proceso autonómico, Bolivia desaprovechó una oportunidad histórica colosal para modernizarse verdaderamente pensando en el boliviano y la boliviana como persona humana, con todos sus derechos humanos fundamentales y constitucionales que deberían haber sido el centro de la gestión del Estado.
En lugar de aquello, de transformar estructuralmente la salud y la vida de la gente con los recursos disponibles, la bonanza se dilapidó en canchitas de futbol, en elefantes blancos como edificios multimillonarios en ladrillos, parches burocráticos y re- reelecciones; también la autonomía quedó atrapada en disputas de poder, perpetuando un modelo indolente con las necesidades reales de la población.
A este profundo giro demográfico se acopla una revolución científica sin parangón histórico. La irrupción colosal de la biología molecular, la medicina genómica, la inteligencia artificial, la telemedicina, la robótica y los sistemas interoperables de datos ha redefinido el paradigma médico global, fusionando de manera indisoluble la predicción con la prevención. Este salto cualitativo de la ciencia colisiona violentamente con un marco normativo anquilosado, generando una contradicción antagónica entre la vanguardia tecnológica contemporánea y la absoluta precariedad de las leyes vigentes.
En este escenario, la pandemia de COVID-19 operó como un implacable test de estrés institucional que desnudó las fallas tectónicas de un sistema sanitario carente de inteligencia epidemiológica y lastrado por una coordinación fragmentaria, cobrándose un altísimo costo social como consecuencia directa de haber postergado la inversión en el capital humano durante los años de ingresos extraordinarios.
Frente a esta realidad, la necesidad de una reforma integral de la salud en Bolivia se levanta como un imperativo categórico dialéctico. Dicha reforma no puede concebirse sin superar la fragmentación histórica mediante la integración efectiva y funcional de los tres grandes subsistemas: el público, el seguro social de corto plazo y el privado. La coexistencia de estos compartimentos estancos —cada uno con lógicas corporativas dispares, recursos desequilibrados y barreras de exclusión— constituye el núcleo de la ineficiencia sanitaria del país. Solo articulándolos en un sistema único, coordinado y solidario se podrá garantizar la universalidad de la atención.
En el plano jurídico interno, la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009 configuró un nuevo orden institucional bajo el modelo del régimen autonómico, elevando la salud a la categoría de derecho fundamental inalienable. No obstante, en las últimas décadas se multiplicaron leyes especiales sobre medicamentos, discapacidad, autonomías, medicina tradicional y salud sexual, generando un archipiélago de islas normativo plagado de vacíos regulatorios, superposiciones competenciales y una marcada duplicidad institucional que intensifica la contradicción entre el principio de unidad constitucional y la dispersión legislativa.
Hacia un sistema integrado y moderno
Por todo ello, emerge con fuerza de imperativo categórico: la necesidad histórica de impulsar una profunda Reforma Integral del Sistema de Salud y consagrar una nueva Ley General de Salud. Este hito no aguarda más trámites de escritorio ni parches legislativos; sino de la síntesis superadora indispensable para refundar el Sistema Nacional de Salud. Es el momento en que las autoridades de Estado, los legisladores y los actores políticos deben comprender que la salud no es una concesión menor ni una variable de ajuste presupuestario, sino el núcleo de la dignidad humana.
Bajo los principios de una rectoría fuerte, regulación técnica independiente, redes integradas de atención primaria, transformación digital interoperable y la articulación sin fisuras entre el sector público, el seguro social de corto plazo y el privado, Bolivia está llamada a romper las cadenas de 1978 y a enmendar la oscuridad y el vacío de sus años dorados. El desafío supremo está sobre la mesa: construir un sistema sanitario moderno, resiliente y basado en la ciencia que devuelva la dignidad, la justicia y el derecho inalienable a la salud a todas y todos los bolivianos.