Por Leidy Karen Merino Soto
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La salud constituye uno de los derechos fundamentales de la población boliviana y, en los últimos años, el país ha avanzado en la ampliación del acceso mediante el Sistema Único de Salud (SUS). Sin embargo, detrás del principio de gratuidad persiste una realidad compleja: hospitales saturados, falta de medicamentos, insuficiencia de personal especializado, trámites burocráticos y profundas diferencias entre las ciudades y las zonas rurales.
La situación no es solamente una percepción ciudadana. Un diagnóstico presentado por el Ministerio de Salud en enero de 2026 reconoció problemas financieros, legales y operativos, además de una fuerte fragmentación del sistema. El informe señaló déficit de camas, insuficiencia de especialistas, desabastecimiento recurrente de medicamentos y establecimientos cuya infraestructura permanece sin funcionar plenamente debido, entre otras razones, a trabas legales y administrativas.
La burocracia constituye otro de los grandes obstáculos como uno de los principales problemas del sistema sanitario. Para el ciudadano, esta problemática se traduce en largas esperas, derivaciones entre establecimientos, solicitudes de documentos y dificultades para conseguir una consulta o un medicamento. Cuando el paciente llega a un hospital en busca de atención, la enfermedad no debería convertirse además en una carrera contra los trámites administrativos.
Un aspecto que también genera preocupación es la situación de los seguros de salud de los trabajadores. Muchos asegurados cuestionan que, pese a realizar aportes mensuales durante su vida laboral, encuentran dificultades para acceder oportunamente a una consulta médica, obtener una ficha de atención o conseguir determinados medicamentos. Las largas filas, la limitada disponibilidad de fichas, la demora en las citas y los procedimientos administrativos pueden convertir el acceso a una prestación en un proceso desgastante. A ello se suman reclamos sobre la disminución de la calidad y disponibilidad de algunos medicamentos y servicios.
A esta situación se suman los cuestionamientos relacionados con posibles casos de negligencia y vulneración de derechos. Es importante, sin embargo, diferenciar una deficiencia estructural de un caso de negligencia médica: esta última debe ser investigada y determinada por las instancias competentes. No corresponde responsabilizar a todo el personal sanitario por las fallas de un sistema que también enfrenta carencias de infraestructura, recursos y organización.
Pero el sistema también tiene beneficios que no deben ser ignorados. La Encuesta de Hogares 2025 del Instituto Nacional de Estadística registra que aproximadamente el 71% de la población está afiliada al SUS, mientras que otro 17,3% pertenece a las cajas de salud. El SUS representa, por tanto, una herramienta importante para ampliar el acceso, especialmente para sectores de menores ingresos que anteriormente enfrentaban mayores barreras económicas.
Bolivia no necesita únicamente más hospitales: necesita que los existentes funcionen, necesita médicos y profesionales en la materia y los medicamentos adecuados, de lo contrario el SUS es solamente un nombre, asi como, que los profesionales dispongan de condiciones adecuadas y que el paciente deje de ser víctima de la burocracia. Un sistema de salud verdaderamente universal no se mide solamente por cuántas personas están registradas, sino por cuánto tarda una persona enferma en recibir atención digna, segura y oportuna.
El reto es enorme, pero también lo es la oportunidad. El SUS ha abierto una puerta hacia una mayor inclusión sanitaria. Ahora corresponde al Estado, a los gobiernos subnacionales, a los profesionales y a la sociedad garantizar que esa puerta no conduzca a una sala de espera interminable, sino a un sistema eficiente, humano y responsable.