La infraestructura, concebida para procesar materia prima destinada a la producción de biocombustibles, permanece en el centro de observaciones por su situación operativa, el avance de la obra y la disponibilidad de materia prima.
Redacción Central/El Periódico/26-09-2026.- La situación de la planta de extracción de aceite vegetal y aditivos de Villa Montes vuelve a generar cuestionamientos en el Gran Chaco, después de que una fiscalización regional revisara los resultados alcanzados por el proyecto impulsado durante la anterior gestión del Gobierno Regional de Villa Montes.El proyecto fue concebido como parte de la estrategia nacional para producir materias primas destinadas a la elaboración de biodiésel. La infraestructura debía procesar principalmente macororó y jatropha, obtener aceite vegetal y posteriormente entregar ese producto a la cadena de producción de biocombustibles.Sin embargo, la situación actual del proyecto contrasta con las expectativas planteadas cuando comenzó su ejecución. Una reciente inspección reportada en medios nacionales estableció que la planta permanece paralizada, pese a que la empresa constructora sostiene que la infraestructura registra alrededor de 99% de avance físico y cerca de 70% de ejecución financiera. La misma información señala que existe una controversia por pagos pendientes a la empresa ejecutora, que calcula una deuda cercana a Bs 20 millones.La obra fue anunciada inicialmente como una de las piezas de la política de industrialización de materias primas para sustituir parcialmente la importación de combustibles. En 2023 se inició su construcción en Villa Montes, con una inversión que las publicaciones de la época situaron entre Bs 65 millones para la primera fase y alrededor de Bs 81,4 millones considerando el proyecto posteriormente reportado.La fiscalización regional cuestiona precisamente la distancia existente entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos hasta ahora. La revisión presentada por la asambleísta regional Milenka Pomarino coloca bajo análisis tanto el desempeño de la anterior administración como las condiciones en las que quedó el proyecto.Uno de los principales problemas identificados en el debate sobre la planta está relacionado con la materia prima. En abril de este año, autoridades nacionales vinculadas al análisis de las empresas públicas señalaron que la planta de Villa Montes enfrentaba dificultades porque el macororó requerido para alimentar el proceso industrial todavía no se encontraba disponible en las cantidades necesarias. También se advirtió que el cultivo necesita varios años para alcanzar una producción significativa.Ese aspecto resulta determinante para evaluar la viabilidad de una infraestructura industrial de estas características. Una planta puede alcanzar elevados porcentajes de ejecución física, pero su funcionamiento depende de contar de manera permanente con materia prima suficiente, logística, mercados y condiciones económicas que permitan sostener la producción.Además, investigaciones periodísticas han advertido sobre las dificultades que acompañaron la introducción y expansión del macororó en Villa Montes. Productores y apicultores de la región expresaron preocupación por los posibles efectos del cultivo sobre la actividad apícola y el medioambiente, mientras el Gobierno había impulsado su producción precisamente como fuente de materia prima para biocombustibles.La planta también fue objeto de cuestionamientos políticos antes de la actual fiscalización. En 2024 ya existían denuncias y debates nacionales acerca de los resultados de las inversiones realizadas en las plantas vinculadas al biodiésel. Una de las críticas señalaba que la falta de materia prima podía impedir que las instalaciones cumplieran los objetivos para los que fueron construidas.En Villa Montes, el proyecto fue presentado inicialmente como una oportunidad para incorporar al Chaco a una cadena industrial vinculada a la producción de combustibles y generar nuevas actividades económicas alrededor del cultivo de oleaginosas. La expectativa incluía la participación de productores locales y la ampliación progresiva de las superficies cultivadas.No obstante, la situación actual obliga a revisar los resultados obtenidos, especialmente si una infraestructura con un elevado nivel de avance físico continúa sin entrar plenamente en funcionamiento. La fiscalización regional busca establecer las condiciones en las que se ejecutó el proyecto, el destino de los recursos utilizados y las razones que impidieron alcanzar los resultados esperados.El caso adquiere además relevancia en el contexto actual de dificultades para garantizar el abastecimiento de diésel en Bolivia. Una infraestructura destinada precisamente a generar insumos para biocombustibles permanece sin producción efectiva, mientras el país continúa buscando alternativas para reducir su dependencia de combustibles importados.La revisión de la planta de Villa Montes abre, por tanto, un nuevo capítulo sobre la eficiencia de las inversiones públicas destinadas a la industrialización. El desafío para las autoridades será determinar si la infraestructura puede ser puesta en funcionamiento bajo condiciones técnica y económicamente sostenibles, qué inversiones adicionales serían necesarias y si existe suficiente producción de materia prima para garantizar su operación.Por ahora, el proyecto permanece bajo observación y la fiscalización regional coloca nuevamente en debate una obra que fue presentada como estratégica para la industrialización del Chaco, pero que todavía no consigue demostrar plenamente los resultados productivos para los que fue concebida.