La administración departamental sostiene que desde 2009 destinó Bs 1.800 millones a obligaciones derivadas de normas nacionales y plantea incorporar un 15% de la coparticipación tributaria para las gobernaciones en el PGE 2027.
Redacción Central/El Periódico/26-09-2026.- La discusión sobre el futuro financiero de las gobernaciones del país ingresa en una etapa de definiciones, con Tarija como uno de los departamentos que impulsa una redistribución de los recursos públicos y una revisión de las responsabilidades que actualmente recaen sobre las administraciones departamentales.El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, informó que el departamento plantea al Gobierno nacional una serie de modificaciones destinadas a mejorar la capacidad financiera de las entidades territoriales autónomas. Entre las principales demandas se encuentra la incorporación de las gobernaciones al esquema de coparticipación tributaria y la transferencia al nivel central de obligaciones que, según la administración departamental, corresponden al Gobierno nacional.La propuesta establece que las gobernaciones reciban el 15% de los recursos de coparticipación tributaria administrados actualmente por el nivel central. La estimación presentada sitúa el impacto de esta medida en aproximadamente Bs 7.000 millones para las nueve gobernaciones, con aplicación desde la gestión 2027.El planteamiento forma parte de la denominada Agenda 50/50, que comenzó a ser trabajada por equipos técnicos de los gobiernos departamentales. En una reunión desarrollada en Tarija, ocho gobernaciones acordaron avanzar en una posición conjunta sobre mecanismos financieros y legales destinados a fortalecer las autonomías departamentales.La propuesta busca que el nuevo porcentaje provenga de los recursos que actualmente administra el Gobierno central, sin reducir la participación que corresponde a los gobiernos municipales y a las universidades públicas. De esta manera, la discusión se concentra en modificar la distribución del porcentaje que permanece bajo administración nacional.El reclamo financiero está acompañado por una revisión de las competencias que fueron asumidas por las gobernaciones durante los últimos años. De acuerdo con información difundida en septiembre, la administración departamental de Tarija calcula que destinó alrededor de Bs 1.800 millones, desde 2009, a programas y obligaciones derivados de normas nacionales. La Gobernación sostiene que estos recursos debieron ser destinados a sus propias competencias y plantea modificar aproximadamente 25 normas entre leyes y decretos para evitar que continúe esta situación.La agenda departamental no se limita a la coparticipación. Entre las propuestas también figura la eliminación de obligaciones que actualmente son financiadas por las gobernaciones, pero que corresponden al nivel central, además de la recuperación de recursos vinculados al Impuesto Directo a los Hidrocarburos y la reprogramación de obligaciones financieras. Estos temas fueron incorporados a las conclusiones de las reuniones técnicas realizadas entre las gobernaciones.El planteamiento tiene como horizonte inmediato la elaboración del Presupuesto General del Estado 2027. Los gobiernos departamentales buscan que cualquier modificación al esquema de distribución de ingresos tenga respaldo legal y presupuestario antes del inicio de la próxima gestión.La posición de Tarija también se encuentra vinculada a un proceso más amplio de revisión del régimen autonómico. En mayo, los gobernadores habían planteado impulsar una ley de sostenibilidad financiera departamental, eliminar o transferir obligaciones que corresponden al nivel central y reformular la coparticipación tributaria dentro del PGE 2027.En septiembre, los equipos técnicos de las gobernaciones avanzaron además en una hoja de ruta común para discutir alivio fiscal, condicionalidad del gasto y criterios de distribución de los ingresos públicos. El objetivo declarado en esas reuniones es construir una propuesta conjunta que pueda ser presentada al Gobierno nacional.La controversia abre así un nuevo capítulo en el debate sobre las autonomías en Bolivia. Para las gobernaciones, el problema combina insuficiencia de recursos y asignación de responsabilidades; para el nivel central, cualquier modificación al sistema vigente implica revisar la estructura de distribución de los ingresos nacionales y las obligaciones asignadas a cada nivel de gobierno.El resultado de las negociaciones tendrá particular relevancia para Tarija, departamento que busca que una eventual reforma fiscal no solamente incremente sus ingresos, sino que también reduzca las cargas financieras asociadas a competencias que considera ajenas a su ámbito departamental. La discusión deberá definirse en el proceso de formulación y aprobación del presupuesto nacional correspondiente a 2027.