El ejecutivo del autotransporte tarijeño, Gabriel Pérez, cuestionó que se piense en regularizar vehículos indocumentados mientras persisten las largas filas en los surtidores, y manifestó además su rechazo a una eventual ampliación del parque automotor en el país
Redacción Central/El Periodico/02-09-2026.- El sector del autotransporte sindicalizado de Tarija, a través de su ejecutivo Gabriel Pérez, planteó al Gobierno nacional que, antes de avanzar con propuestas orientadas a regularizar vehículos indocumentados conocidos como “chutos”, priorice una solución definitiva a la persistente escasez de combustible que afecta al departamento y al resto del país. El dirigente remarcó que no resulta coherente pensar en incorporar más motorizados a las calles bolivianas mientras miles de transportistas continúan enfrentando largas filas y jornadas limitadas de trabajo por la falta de diésel y gasolina en los surtidores.
La postura del sector se enmarca en el debate nacional generado tras el planteamiento del Ejecutivo de evaluar la nacionalización de vehículos indocumentados, una iniciativa que según sus impulsores permitiría generar recursos adicionales para los municipios del país. Sin embargo, desde el gremio transportista de Tarija se insiste en que esta propuesta resulta contradictoria en un contexto donde el propio parque automotor legal enfrenta serias dificultades para abastecerse de carburante, situación que se agrava con el ingreso de nuevos vehículos que demandarían aún más combustible en un mercado ya deficitario.
Pérez expresó además su desacuerdo con una eventual ampliación del parque vehicular en el territorio nacional, señalando que las calles y carreteras del país ya se encuentran saturadas y que sumar más unidades, sean estas legales o irregulares, únicamente profundizaría los problemas de congestión, seguridad vial y consumo de recursos energéticos que actualmente enfrenta el sector. Para el dirigente, cualquier decisión en ese sentido debería postergarse hasta que se resuelvan de manera estructural las dificultades relacionadas con el abastecimiento de carburantes.
Esta posición se suma a un reclamo sostenido que el autotransporte tarijeño mantiene desde hace meses frente al Gobierno nacional, luego de que la escasez de diésel y gasolina generara filas prolongadas en los surtidores de Tarija y de distintas regiones del país. En reiteradas ocasiones, el sector cuestionó las explicaciones oficiales sobre las causas del desabastecimiento, entre ellas la permanencia de cisternas varadas en zonas fronterizas, argumento que los transportistas consideraron poco convincente frente a la evidencia de filas que persisten pese a la ausencia de bloqueos en el departamento.
El dirigente también recordó que, en medio de la crisis de carburantes, distintos actores vinculados al transporte identificaron al ingreso irregular de vehículos indocumentados como uno de los factores que contribuyen al consumo excesivo de combustible subvencionado, junto con actividades como el contrabando y la minería informal. Bajo esa lógica, el sector considera que permitir la incorporación masiva de más unidades al parque automotor, mediante procesos de regularización extraordinaria, terminaría por agravar aún más la presión sobre un sistema de abastecimiento que ya muestra signos de saturación.
Frente a este panorama, los transportistas sindicalizados de Tarija plantearon la necesidad de que las autoridades nacionales concentren sus esfuerzos en garantizar un suministro estable y transparente de carburantes, antes de habilitar nuevas discusiones legislativas sobre la situación de los vehículos indocumentados. El sector remarcó que, mientras no exista una respuesta clara y sostenida al problema del combustible, cualquier iniciativa orientada a ampliar el número de motorizados en circulación será vista con recelo por parte de los gremios del transporte.
El tema se perfila como uno de los puntos que el autotransporte tarijeño llevará a futuros espacios de deliberación con otras federaciones del país, en el marco de los encuentros nacionales donde el sector definirá su postura conjunta frente a las distintas propuestas gubernamentales, tanto en materia de combustibles como en lo referido a la eventual nacionalización de vehículos indocumentados, un debate que continúa generando posiciones encontradas entre autoridades, gremios y sectores empresariales de todo el país.