El concejal Renán Justiniano exige un ajuste definitivo con criterio técnico y participación de universidades y profesionales
Redacción Central/El Periódico/30-09-2026.- El concejal municipal Renán Justiniano planteó establecer una tarifa transitoria de 3,50 bolivianos para el transporte público, mientras se realiza un estudio técnico que permita definir el costo definitivo del servicio. La propuesta surge ante la proyección de cambios en los precios de los combustibles desde el 1 de enero y la preocupación por el impacto que estas modificaciones podrían generar en transportistas y usuarios.Justiniano sostuvo que cualquier ajuste permanente debe basarse en información verificable y no en decisiones adoptadas únicamente por presión sectorial. En ese sentido, propuso que el análisis incluya la participación de universidades, profesionales especializados y representantes de las instituciones involucradas, con el objetivo de establecer una tarifa acorde con la estructura real de costos.El concejal consideró que la tarifa transitoria de Bs 3,50 permitiría atender de manera provisional la situación del transporte mientras se desarrolla el estudio correspondiente. Según explicó, esta medida debería tener un plazo definido y estar sujeta a una revisión posterior, una vez que se conozcan los efectos concretos de los cambios en los combustibles y otros componentes del servicio.La discusión sobre las tarifas también está relacionada con el estado actual del sistema de transporte público. Justiniano cuestionó el desorden existente en las rutas y señaló que la falta de planificación afecta tanto a los pasajeros como a los propios conductores, debido a la superposición de recorridos, la ausencia de criterios uniformes y las dificultades para garantizar una cobertura adecuada.El concejal planteó que el análisis tarifario debe realizarse junto con una revisión integral de las rutas, frecuencias y condiciones de operación. A su criterio, no sería suficiente modificar el precio del pasaje si no se establecen compromisos para mejorar la calidad del servicio, ordenar los recorridos y garantizar que los usuarios reciban una atención más eficiente.La eventual modificación de los precios de los combustibles desde el 1 de enero podría incrementar los costos de operación del transporte público. Entre los factores que deberían ser considerados en el estudio se encuentran el consumo de combustible, el mantenimiento de los vehículos, la renovación del parque automotor, los costos laborales y la capacidad económica de los usuarios.Justiniano insistió en que la definición de la tarifa definitiva debe surgir de un proceso transparente y participativo. La intervención de universidades y profesionales permitiría contar con una evaluación independiente, respaldada por datos técnicos y criterios económicos que puedan ser conocidos por la población.El planteamiento también busca evitar que la discusión se limite a una confrontación entre transportistas y autoridades. Para el concejal, el municipio debe asumir un papel activo en la coordinación de las partes y promover una solución que considere las necesidades del sector, pero también el impacto que cualquier incremento tendría sobre las familias y los trabajadores que utilizan diariamente el servicio.La falta de acuerdos podría generar nuevas medidas de presión. Justiniano advirtió que, si no se encuentran soluciones al problema tarifario y al desorden de las rutas, la situación podría derivar en un paro del transporte público. Por ello, pidió que las autoridades convoquen con anticipación a los sectores involucrados y establezcan una agenda de trabajo con plazos concretos.El concejal señaló que la tarifa transitoria no debe convertirse en una decisión permanente sin evaluación. La propuesta contempla que, una vez concluido el estudio técnico, se determine si corresponde mantener el monto, modificarlo o aplicar otro esquema que permita equilibrar los costos de operación con la capacidad de pago de los usuarios.La definición del nuevo esquema tarifario requerirá coordinación entre el gobierno municipal, las organizaciones del transporte, las universidades, los profesionales y las organizaciones vecinales. También será necesario transparentar la información utilizada para calcular el costo del servicio y explicar las razones que sustenten cualquier modificación.Mientras se esperan mayores precisiones sobre los precios de los combustibles, la propuesta de Bs 3,50 se presenta como una alternativa provisional para evitar decisiones improvisadas. El desafío será avanzar hacia una tarifa definitiva técnicamente respaldada, acompañada por un ordenamiento de rutas y compromisos concretos para mejorar el transporte público.