El economista y excandidato presidencial Jaime Dunn se refirió a la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y al proceso relacionado con Fernando Cerimedo. También sostuvo que Bolivia enfrenta un escenario económico complejo que requiere medidas sobre el gasto público, el déficit y la estructura del Estado.
Redacción Central/El Periodico/02-10-2026.- La aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y las investigaciones relacionadas con el denominado caso Cerimedo volvieron a ocupar un lugar central en el debate público boliviano. En este contexto, Jaime Dunn realizó un análisis sobre los últimos acontecimientos y los vinculó con la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia.El fiscal general fue detenido el 1 de octubre junto con otras personas, dentro de un operativo que el Gobierno presentó como parte de una investigación contra una presunta organización criminal vinculada con el narcotráfico y con funcionarios del sistema judicial y del Ministerio Público. La operación se produjo pocos días después de que Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y lo señalara por presuntos actos relacionados con narcotráfico y corrupción. Mariaca había rechazado previamente esas acusaciones y las había atribuido a una posible interferencia externa.El caso adquirió además una dimensión política por su coincidencia con investigaciones impulsadas por la Fiscalía sobre Fernando Cerimedo, consultor argentino relacionado con el entorno del presidente Rodrigo Paz. Antes de su aprehensión, Mariaca había manifestado que las investigaciones sobre Cerimedo continuarían y que no permitiría interferencias en el trabajo del Ministerio Público.Las actuaciones generaron distintas reacciones dentro del país. Mientras el Gobierno sostiene que el operativo permitió intervenir una estructura vinculada con actividades ilícitas, sectores políticos e institucionales plantearon cuestionamientos respecto al procedimiento empleado y reclamaron que cualquier investigación se desarrolle respetando las garantías establecidas por la legislación boliviana.En ese escenario, el análisis de Dunn también se extendió a la situación económica nacional. El economista ha venido planteando que Bolivia necesita abordar de manera simultánea el déficit fiscal, el gasto público, la disponibilidad de divisas y la estructura del aparato estatal. En agosto cuestionó la flexibilización del tipo de cambio cuando todavía persistían elevados niveles de déficit y limitaciones en las reservas internacionales.Dunn también se pronunció en septiembre sobre el acuerdo alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional, señalando que cualquier programa de estabilización debería contemplar una reforma del funcionamiento del Estado y evitar que el peso del ajuste recaiga exclusivamente sobre los hogares. Sus planteamientos se produjeron en momentos en que el país enfrenta dificultades fiscales y financieras y busca recuperar el acceso a financiamiento internacional.Uno de los principales desafíos identificados en sus análisis es la necesidad de compatibilizar la reducción del déficit con la recuperación de la actividad económica. La discusión comprende el tamaño del gasto corriente, el funcionamiento de las empresas públicas, las subvenciones, la política cambiaria y la disponibilidad de dólares para atender las necesidades del mercado.El contexto económico se desarrolla además mientras el Gobierno de Rodrigo Paz intenta avanzar en un programa de estabilización y obtener recursos externos. Reuters informó que Bolivia tiene en curso un programa de cooperación financiera con organismos internacionales, mientras paralelamente busca fortalecer su relación con Estados Unidos y enfrentar las investigaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico.Para Dunn, la discusión económica no puede separarse de la institucionalidad. La confianza necesaria para atraer inversiones y recuperar la actividad productiva también depende de reglas previsibles, instituciones que funcionen y mecanismos transparentes para investigar eventuales irregularidades.Los acontecimientos registrados alrededor del Ministerio Público introducen, además, un nuevo elemento en la agenda política nacional. La Asamblea Legislativa y otras instituciones deberán definir los mecanismos que permitan garantizar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento de la Fiscalía mientras se esclarece la situación jurídica de Mariaca.El caso Cerimedo permanece igualmente bajo investigación y continúa generando repercusiones políticas. Medios nacionales reportaron que el expediente comprende diferentes investigaciones y que existen pedidos para garantizar que los fiscales asignados al caso puedan desarrollar su trabajo sin presiones.En este contexto, el debate planteado por Dunn combina dos preocupaciones que actualmente concentran buena parte de la discusión nacional: el funcionamiento de las instituciones frente a denuncias de corrupción y narcotráfico, y la necesidad de adoptar medidas económicas capaces de enfrentar el déficit, la escasez de divisas y las dificultades fiscales.Ambos escenarios colocan al Gobierno y a las instituciones públicas ante decisiones que tendrán impacto sobre la estabilidad política, jurídica y económica del país en los próximos meses.