El dirigente cívico Jesús Gira planteó que las investigaciones pendientes deben avanzar sin privilegios ni interferencias y con información verificable sobre sus resultados. El pedido se produce en medio de cuestionamientos al Ministerio Público y de nuevas actuaciones dentro del proceso que involucra al exasesor argentino Fernando Cerimedo.
Redacción Central/El Periodico/02-10-2026.- El Comité Cívico de Tarija planteó la necesidad de que la nueva conducción del Ministerio Público encare una etapa de mayor transparencia en las investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y otros casos que han generado cuestionamientos públicos en el país.El presidente de la institución cívica, Jesús Gira, puso particular atención en el denominado caso Cerimedo y sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse bajo criterios de independencia, sin favorecer a personas vinculadas con sectores de poder y permitiendo que la ciudadanía conozca el avance de los procesos.El planteamiento surge en un escenario de creciente presión sobre las instituciones encargadas de la administración de justicia. Durante los últimos días también se conocieron cuestionamientos dirigidos al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a partir de señalamientos difundidos desde Estados Unidos. Gira había considerado necesario que esas denuncias sean esclarecidas mediante los mecanismos institucionales correspondientes y dentro del debido proceso.En ese contexto, el dirigente cívico considera que la Fiscalía debe ofrecer señales claras respecto a las investigaciones que permanecen abiertas y evitar que determinados expedientes queden paralizados o pierdan seguimiento. El pedido alcanza no solamente al caso Cerimedo, sino también a otros hechos que han generado interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.El proceso relacionado con Fernando Cerimedo ha tenido nuevos movimientos durante septiembre. De acuerdo con reportes de medios nacionales, la Fiscalía amplió las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y vinculó el expediente con otros posibles delitos. Asimismo, Cerimedo permanece detenido preventivamente mientras avanzan las actuaciones judiciales.Entre las actuaciones recientes también figura la citación del empresario Robin Jofré en calidad de testigo dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito que sigue el Ministerio Público contra el exasesor argentino. Esta actuación muestra que el proceso continúa incorporando declaraciones y elementos destinados a establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades que correspondan.El caso ha adquirido una dimensión política debido a la relación que Cerimedo mantuvo con el entorno del presidente Rodrigo Paz. El mandatario sostuvo anteriormente que cualquier denuncia relacionada con el ciudadano argentino debía ser tratada por la Justicia y las instancias encargadas de investigar.Paralelamente, en el ámbito legislativo surgieron pedidos para mantener abiertas las investigaciones relacionadas con Cerimedo y otros casos de interés nacional. La senadora Tomasa Yarhui planteó, además, una instancia especial de la Asamblea Legislativa para revisar las denuncias que involucran a autoridades del sistema judicial y otros expedientes considerados sensibles.Para el Comité Cívico tarijeño, la situación trasciende un expediente particular y se relaciona con la necesidad de recuperar credibilidad institucional. La exigencia de transparencia apunta a que las investigaciones puedan ser conocidas en función de sus avances, respetando las garantías procesales y evitando decisiones que puedan ser interpretadas como protección hacia determinados actores.El planteamiento también coloca al nuevo Fiscal General ante el desafío de establecer una conducción que permita atender las denuncias de corrupción con criterios uniformes. Para el movimiento cívico, el Ministerio Público debe demostrar que los procesos serán investigados independientemente de la posición política, económica o institucional de las personas involucradas.Mientras tanto, el caso Cerimedo continúa su curso judicial y permanece bajo seguimiento público. Las próximas actuaciones de la Fiscalía y de los tribunales deberán determinar el alcance de las investigaciones y las responsabilidades que eventualmente correspondan, en tanto que las denuncias y señalamientos que involucran a autoridades del sistema judicial también permanecen sujetos a los procedimientos institucionales previstos por la legislación boliviana.