El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, evitó entrar en una confrontación directa con el director jurídico municipal, Carlos Barrios, y explicó que el Ministerio Público reiteró requerimientos de información antes de disponer el allanamiento de dependencias ediles.
Redacción Central/El Periódico/20-08-2026.- La investigación penal relacionada con el denominado caso “mercado coimas”, por el que se encuentra procesado el exdirector de Mercados de la Alcaldía de Tarija, Adrián Iturri, se inició el 30 de julio de este año, según precisó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, quien además marcó diferencias respecto a la participación asumida hasta ahora por el Gobierno Municipal dentro del proceso.
Las declaraciones del representante del Ministerio Público se producen después de que el director jurídico de la Alcaldía de Tarija, Carlos Barrios, cuestionara las afirmaciones realizadas anteriormente por la Fiscalía respecto a una presunta falta de colaboración del municipio en la entrega de información relacionada con la investigación. Barrios había señalado que la Fiscalía habría incurrido en un error o habría faltado a la verdad al sostener que la Alcaldía no estaba proporcionando la documentación requerida. Mogro, sin embargo, evitó responder directamente a esas afirmaciones y concentró su explicación en el desarrollo cronológico de la investigación y en las actuaciones realizadas por el Ministerio Público.
El fiscal departamental explicó que la Fiscalía recibió una denuncia el 30 de julio, a partir de la cual se activaron las actuaciones investigativas. En ese marco, señaló que los requerimientos fiscales pueden establecer diferentes plazos para la entrega de documentación e información, dependiendo de las características de cada investigación. Entre esos plazos pueden encontrarse periodos de 24 o 48 horas.
En el caso relacionado con la Alcaldía, Mogro sostuvo que el pedido de información fue reiterado y que, desde la perspectiva del Ministerio Público, no se obtuvo la respuesta que se esperaba dentro de las actuaciones investigativas. Esta situación, explicó, llevó a la Fiscalía a disponer medidas para acceder directamente a elementos que consideraba necesarios para la investigación. Como consecuencia de esas actuaciones, se realizó un allanamiento en dependencias municipales, procedimiento durante el cual se produjo el secuestro de una computadora y documentación. El procedimiento se convirtió en uno de los principales puntos de controversia entre el Ministerio Público y la administración municipal.
El fiscal Mogro también puso énfasis en la fecha en que la Alcaldía se incorporó formalmente al proceso. Según explicó, el Gobierno Municipal se apersonó ante la Fiscalía el 11 de agosto, es decir, 12 días después de iniciado el proceso investigativo del que ya tenía conocimiento y en esa oportunidad hizo conocer su decisión de constituirse en víctima.
Para el fiscal departamental, esta situación debe diferenciarse de las figuras procesales de denunciante y querellante. Explicó que se trata de condiciones distintas dentro de una investigación penal y remarcó que, hasta el momento, la Alcaldía se habría presentado únicamente en calidad de víctima.
En ese sentido, Mogro indicó que el Gobierno Municipal no presentó hasta ahora una denuncia ni una querella propia dentro de este caso. La investigación, aclaró, se inició a partir de una denuncia presentada mediante acción directa, mecanismo que permitió al Ministerio Público comenzar con las pesquisas relacionadas con los presuntos cobros ilegales atribuidos al exdirector de Mercados.
El caso involucra denuncias y elementos investigativos relacionados con presuntos cobros irregulares que habrían afectado a comerciantes, vendedores y propietarios de locales comerciales, entre otros sectores vinculados a los mercados municipales. Iturri se encuentra actualmente sometido a un proceso penal y cumple detención domiciliaria, de acuerdo con los antecedentes conocidos del caso.
Otro aspecto destacado por el fiscal Mogro, fue el alcance temporal de la investigación. El fiscal señaló que el Ministerio Público está investigando los hechos conocidos a partir del 30 de julio y que, hasta esa fecha, no se tendría conocimiento formal de otros hechos anteriores vinculados al caso. No obstante, dejó abierta la posibilidad de ampliar las pesquisas. En caso de que durante el proceso se establezca que existieron hechos anteriores al 30 de julio relacionados con posibles irregularidades al interior de la Alcaldía, el Ministerio Público también podría investigarlos, conforme avancen las actuaciones y se conozcan nuevos elementos.
De esta manera, la Fiscalía sostiene que la investigación se encuentra en curso y que las actuaciones realizadas responden a la necesidad de obtener documentación y elementos considerados relevantes para esclarecer los hechos denunciados.
Las declaraciones de Mogro vuelven a colocar en el centro del debate la participación de la Alcaldía dentro del proceso. Por un lado, se encuentra su reciente incorporación como víctima y, por otro, las actuaciones de la Fiscalía realizadas antes de ese apersonamiento, incluyendo los requerimientos de información y el allanamiento efectuado en instalaciones municipales.
El fiscal departamental evitó profundizar en la controversia planteada por Barrios, pero insistió en dos aspectos que considera relevantes: que la investigación comenzó el 30 de julio y que la Alcaldía se presentó formalmente ante el Ministerio Público 12 días después, inicialmente en calidad de víctima y no como denunciante o querellante.
El proceso continuará sujeto a las actuaciones investigativas y a los elementos que puedan ser incorporados en el curso de la investigación, mientras se determina el alcance de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.