El director jurídico del Gobierno Municipal de Tarija, Carlos Barrios, afirmó que hasta el momento no llegó al municipio ninguna citación para que el alcalde preste declaración y sostuvo que la comuna se presentó como víctima dentro de la investigación por presuntos cobros irregulares atribuidos al ex director de Mercados, Adrián Iturri.
Redacción Central/El Periódico/19-08-2026.- La investigación conocida como el caso “Mercado coimas”, que involucra al ex director de Mercados de la Alcaldía de Tarija, Adrián Iturri, continúa bajo seguimiento de la Fiscalía Departamental de Tarija, mientras desde el Gobierno Municipal se busca deslindar cualquier participación institucional o personal del alcalde Johnny Torres en los hechos investigados.
El director jurídico de la Alcaldía, Carlos Barrios, salió al paso de versiones que señalaban que la Fiscalía habría realizado un allanamiento al despacho del alcalde municipal en busca de documentación o elementos relacionados con la investigación. El funcionario negó que esa diligencia se hubiera producido en la oficina de Torres y descartó que el despacho del alcalde haya sido objeto de un operativo de esa naturaleza.
El caso se originó a partir de denuncias relacionadas con presuntos cobros irregulares que habrían sido realizados por Iturri durante el ejercicio de sus funciones, vinculados con permisos, autorizaciones, clausuras de establecimientos comerciales y otras gestiones relacionadas con actividades económicas y puestos ubicados en diferentes mercados de la ciudad.
A raíz de esas denuncias, la Fiscalía abrió una investigación destinada a establecer la existencia de posibles responsabilidades individuales y determinar si otras personas hubieran participado o tenido conocimiento de los hechos. Iturri se encuentra actualmente con detención domiciliaria, dentro de las medidas cautelares dispuestas por la autoridad jurisdiccional.
Barrios señaló que, hasta el momento, no llegó a las dependencias municipales ninguna citación dirigida al alcalde Johnny Torres para que se presente a declarar dentro del proceso. El director jurídico precisó que, al menos en lo que corresponde a los canales institucionales de la Alcaldía, no se recibió una convocatoria de la Fiscalía para que la autoridad municipal comparezca ante los investigadores.
La representación legal del municipio también destacó que la Alcaldía asumió una posición procesal como víctima dentro de la investigación. Según Barrios, el Gobierno Municipal está colaborando con las actuaciones requeridas por el Ministerio Público y proporcionando la información y documentación que sean solicitadas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
La posición asumida por la comuna apunta a que cualquier irregularidad cometida por funcionarios en el ejercicio de sus responsabilidades debe ser investigada y establecida de manera individual, sin que ello implique automáticamente responsabilidad institucional o de las autoridades superiores. En ese marco, el Gobierno Municipal sostiene que su participación dentro del proceso está orientada a coadyuvar con la investigación fiscal.
Mientras tanto, la Fiscalía Departamental mantiene reserva sobre varios aspectos del caso. La información oficial que se ha conocido hasta ahora es limitada, debido a que las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas actuaciones procesales.
De manera extraoficial trascendió que los investigadores contarían con nombres de otras personas y funcionarios municipales que podrían ser considerados dentro de las pesquisas para determinar si existieron vínculos con las actividades atribuidas a Iturri. Sin embargo, hasta que la Fiscalía establezca responsabilidades y, eventualmente, formalice nuevas imputaciones, esos nombres y posibles conexiones forman parte de hipótesis investigativas y no pueden ser considerados como hechos comprobados.
La investigación busca establecer si los presuntos cobros irregulares correspondieron a actuaciones aisladas o si existía una estructura más amplia destinada a obtener beneficios económicos mediante trámites, autorizaciones o medidas administrativas contra comerciantes y propietarios de establecimientos.
El denominado caso “Mercado coimas” genera expectativa en el ámbito municipal debido a que las pesquisas podrían alcanzar a otras personas si la Fiscalía encuentra elementos suficientes que permitan establecer responsabilidades. Por ahora, la Alcaldía sostiene que continuará proporcionando la documentación requerida y colaborando con el Ministerio Público, mientras espera que las investigaciones permitan esclarecer el alcance de las denuncias y determinar quiénes tuvieron participación efectiva en los hechos.