El concejal Renán Justiniano señaló que se solicitaron explicaciones sobre la situación de Adrián Iturri, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos cobros ilegales a comerciantes. La Fiscalía continúa con las investigaciones y no se descarta que otras autoridades municipales sean convocadas.
Redacción Central/El Periódico/20-08-2026.- El Concejo Municipal de Tarija habría remitido peticiones de informe escrito al Ejecutivo Municipal con el propósito de conocer mayores detalles sobre la situación del exdirector de Mercados, Adrián Iturri, quien actualmente se encuentra procesado y con detención domiciliaria dentro de una investigación relacionada con presuntos cobros ilegales realizados durante el ejercicio de sus funciones.
El concejal Renán Justiniano informó que las solicitudes fueron dirigidas al Ejecutivo para que se pueda establecer qué ocurrió dentro de la estructura municipal y cuáles fueron las medidas adoptadas ante las denuncias que involucran al exfuncionario.
“Ya se han enviado peticiones de informe escrito al Ejecutivo para que pueda explicar todo lo relativo a la situación del exdirector de Mercados”, señaló Justiniano al referirse a las acciones asumidas desde el Legislativo Municipal.
El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, instancia que busca establecer las circunstancias en las que se habrían producido los presuntos cobros a comerciantes de locales comerciales, mercados y otros espacios bajo administración municipal. La investigación también podría determinar si existieron otras personas que hubieran tenido conocimiento de los hechos o alguna participación en ellos.
Justiniano sostuvo que, desde el Concejo Municipal, corresponde procurar que la situación pueda ser encauzada y que se encuentren mecanismos para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse dentro de la administración municipal.
“Hay que buscar soluciones a esta problemática”, manifestó el concejal, al referirse a la necesidad de adoptar medidas frente a las situaciones que son objeto de investigación.
Sin embargo, la posición expresada desde el Concejo Municipal también plantea interrogantes respecto al alcance que debería tener la fiscalización sobre el caso. Mientras el proceso penal continúa, queda pendiente conocer si las solicitudes de informe permitirán establecer no solamente la situación administrativa del exdirector de Mercados, sino también qué otros funcionarios pudieron haber conocido o intervenido, de manera directa o indirecta, en los hechos que son investigados.
La investigación fiscal podría ampliar su alcance a otras autoridades y funcionarios municipales, dependiendo de los elementos que sean incorporados al proceso. En ese contexto, se encuentra la posibilidad de que el alcalde de Tarija, Johnny Torres, sea convocado a prestar declaración ante el Ministerio Público, aunque dicha eventualidad dependerá de las determinaciones que adopte la Fiscalía dentro de la investigación.
Hasta el momento, uno de los funcionarios municipales que ya habría prestado declaración es el director jurídico de la Alcaldía, Carlos Barrios. Su comparecencia forma parte de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público para recabar información relacionada con el funcionamiento institucional y las circunstancias que rodean las denuncias.
El proceso se encuentra, por tanto, en una etapa en la que las autoridades judiciales deberán establecer responsabilidades sobre la base de los elementos de prueba que sean incorporados a la investigación. La situación jurídica de Iturri tampoco implica, por sí misma, una determinación definitiva sobre su responsabilidad, mientras el proceso continúe en las instancias correspondientes.
Desde el Concejo Municipal se aguarda la respuesta del Ejecutivo a las peticiones de informe, que podrían permitir conocer qué controles existían en la Dirección de Mercados, cuáles eran los procedimientos aplicados respecto a los cobros realizados a comerciantes y qué medidas administrativas se adoptaron después de que las denuncias fueran conocidas.
El caso vuelve a poner bajo observación los mecanismos de control y fiscalización dentro de las dependencias municipales que mantienen contacto directo con comerciantes y usuarios de servicios públicos. La investigación del Ministerio Público será la instancia encargada de determinar si los hechos denunciados configuran delitos y si existen otras personas que deban responder ante la justicia.