La elaboración del presupuesto anual de una institución no puede reducirse a un ejercicio técnico de ingresos y gastos. Se trata, fundamentalmente, de una decisión que define prioridades, establece compromisos y determina la capacidad de una administración para responder a las necesidades de la población o de quienes dependen de su funcionamiento.
Por ello, resulta indispensable que su construcción esté acompañada de diálogo y búsqueda de consensos. Un presupuesto elaborado de manera unilateral, sin escuchar a los sectores involucrados ni considerar sus propuestas, corre el riesgo de convertirse en un documento que genere más conflictos que soluciones.
El consenso no significa que todos deban pensar de la misma manera ni que todas las demandas puedan ser incorporadas. Significa tener la capacidad de escuchar, evaluar alternativas y alcanzar acuerdos sobre aquello que debe ser prioritario. También implica transparentar las limitaciones económicas y explicar con claridad por qué determinados proyectos o partidas pueden ser atendidos y otros deberán esperar.
En tiempos de restricciones financieras, esta responsabilidad adquiere todavía mayor importancia. Cada recurso público debe ser utilizado con eficiencia y destinado a necesidades verdaderamente justificadas. Para ello, quienes tienen la responsabilidad de administrar una institución deben demostrar apertura, mientras que los sectores que participan del debate presupuestario también deben actuar con responsabilidad y realismo.
El presupuesto anual debería ser, en consecuencia, una herramienta de planificación y un punto de encuentro. No debería convertirse en motivo de confrontación permanente ni en un instrumento para imponer decisiones.
Cuando existen consensos, el presupuesto adquiere mayor legitimidad y las posibilidades de cumplir sus objetivos aumentan. Cuando falta diálogo, incluso una propuesta técnicamente correcta puede terminar cuestionada.
Administrar recursos exige números, pero gobernar una institución exige también escuchar.