El alcalde Víctor Morales plantea que el proyecto ejecutado durante la gestión del exsubgobernador Never Vega pase a administración municipal, pero condiciona la transferencia a que se resuelva cualquier obligación económica con la empresa eléctrica. La situación del sistema de videovigilancia vuelve a generar cuestionamientos sobre su ejecución y funcionamiento.
Redacción Centra/El Periódico/01-10-2026.- El futuro del cuestionado proyecto de cámaras de vigilancia de Bermejo vuelve a situarse en el centro de la agenda institucional del municipio. El alcalde Víctor Morales impulsa que la infraestructura instalada durante la gestión del exsubgobernador Never Vega sea transferida al Gobierno Municipal, aunque considera indispensable que la entrega se realice sin deudas pendientes con Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR).La posición municipal busca establecer condiciones claras antes de asumir la administración de un sistema que requiere energía eléctrica, mantenimiento, soporte técnico y recursos para garantizar su funcionamiento. La transferencia de los equipos, por tanto, no representa únicamente un trámite administrativo, sino también la definición de responsabilidades económicas y operativas que podrían recaer sobre la Alcaldía una vez que el proyecto pase a su jurisdicción.El principal punto de preocupación está relacionado con las posibles obligaciones económicas derivadas del consumo eléctrico y con la necesidad de determinar quién debe asumirlas. Morales pretende evitar que el municipio reciba una infraestructura acompañada de compromisos financieros generados durante una etapa en la que la administración del proyecto correspondía a otra instancia pública.La exigencia cobra importancia debido a que el funcionamiento de un sistema de videovigilancia depende de una coordinación permanente entre las entidades responsables de su implementación, la provisión de electricidad y la operación de los equipos. Sin una definición previa de estas responsabilidades, la recepción podría trasladar al presupuesto municipal gastos que no estaban contemplados originalmente.Los antecedentes periodísticos muestran que el proyecto denominado Ciudad Segura arrastra dificultades desde hace varios años. La iniciativa contemplaba la instalación de 300 cámaras de vigilancia, además de drones, botones de pánico y equipos de radiocomunicación, con una inversión reportada de aproximadamente Bs 20,8 millones. En julio de 2023, reportes de prensa señalaron que la infraestructura continuaba inconclusa y bajo investigación, después de que la administración de la Subgobernación identificara observaciones técnicas y problemas relacionados con su funcionamiento. También se informó entonces sobre obligaciones pendientes por el consumo de electricidad ante SETAR. La deuda por el suministro eléctrico ya había generado controversia en años anteriores. En diciembre de 2018, medios regionales reportaron la suspensión de la energía de las cámaras debido a una mora acumulada de 18 meses, cuyo importe superaba los Bs 247.000, según la información proporcionada entonces por la empresa eléctrica. Estos antecedentes explican por qué la transferencia solicitada por Morales requiere una revisión documental y financiera que permita establecer el estado actual del proyecto, los equipos disponibles, las obligaciones pendientes y las responsabilidades de las instituciones que participaron en su ejecución.Una transferencia condicionada a cuentas clarasEl municipio necesita determinar si el sistema está en condiciones de operar, cuánto costaría mantenerlo y qué entidad debe responder por las deudas acumuladas antes de formalizar su recepción. También será necesario establecer si existen observaciones técnicas o administrativas que deban resolverse previamente.La entrega de las cámaras podría contribuir a recuperar una infraestructura destinada a fortalecer la seguridad ciudadana, pero su utilidad dependerá de que los equipos estén operativos y exista una estructura institucional capaz de garantizar su funcionamiento permanente.Por el momento, el planteamiento del alcalde establece una condición central: la Alcaldía no quiere asumir el proyecto junto con obligaciones económicas pendientes ante SETAR. La resolución de este asunto será determinante para definir si la transferencia puede concretarse y bajo qué condiciones.