El incremento del precio del diésel vuelve a colocar a Bolivia frente a un escenario de tensión social que parecía haber quedado temporalmente relegado. El combustible no es un producto más: su costo tiene un efecto directo sobre el transporte, la producción, la distribución de alimentos y, en consecuencia, sobre el bolsillo de todos los ciudadanos.
Las primeras señales de malestar entre transportistas, productores y otros sectores muestran que el problema no puede ser reducido a una disputa por el precio del combustible. Detrás existe una economía que enfrenta mayores costos y una población que teme que cualquier incremento termine trasladándose a los precios de los productos básicos.Tarija tampoco está al margen de esta realidad.
Su condición de departamento productor y su dependencia del transporte terrestre hacen que cualquier variación en el costo del diésel tenga consecuencias sobre la actividad comercial, agrícola y productiva. Si no existen respuestas oportunas, el malestar puede convertirse nuevamente en bloqueos, protestas y enfrentamientos que terminen afectando a toda la población.
El desafío para el Gobierno no consiste solamente en explicar las razones del incremento, sino en construir mecanismos de diálogo y medidas de transición que permitan evitar que el costo del ajuste recaiga exclusivamente sobre los sectores más vulnerables. Del mismo modo, dirigentes y organizaciones sociales tienen la responsabilidad de canalizar sus demandas sin recurrir a medidas que paralicen al país.
Bolivia necesita aprender de los conflictos del pasado. La confrontación permanente no resuelve los problemas económicos; los profundiza. En un momento de dificultades fiscales y productivas, el país requiere decisiones responsables, transparencia y capacidad de concertación.