La eliminación de la subvención al diésel no termina en el surtidor. Su verdadero impacto se transmite por toda la cadena económica, desde el productor hasta el consumidor. En un país donde gran parte de las mercaderías y alimentos se moviliza por carretera, cualquier incremento significativo en el costo del transporte termina incorporándose al precio final.
El transporte de carga enfrenta ahora una estructura de costos diferente. El combustible representa uno de sus principales componentes y, cuando aumenta, también lo hacen los costos de trasladar alimentos, insumos agrícolas, materiales de construcción y productos industriales entre departamentos y provincias.
El efecto puede ser particularmente fuerte en regiones alejadas de los principales centros de producción y distribución.El problema no es solamente cuánto cuesta el diésel, sino quién termina pagando la diferencia. Si el transportista eleva sus tarifas, el productor puede trasladar ese incremento al precio de su mercancía y, finalmente, el consumidor termina absorbiendo una parte importante del ajuste.
Así, una medida destinada a reducir la presión fiscal puede generar presiones adicionales sobre la inflación y el poder adquisitivo.El Estado tiene, por tanto, un desafío que va más allá de eliminar una subvención: debe evitar que el reordenamiento energético se convierta en un factor de encarecimiento descontrolado de la economía.
La solución tampoco puede ser regresar indefinidamente a un subsidio costoso. Bolivia necesita una transición ordenada, con mayor eficiencia logística, producción nacional de combustibles, controles contra la especulación y mecanismos temporales de protección para los sectores más afectados.