Bolivia enfrenta una de las señales de alerta más serias de los últimos años: su seguridad energética está bajo presión y el país ya no puede seguir postergando decisiones estructurales.La menor producción nacional de hidrocarburos, la creciente dependencia de combustibles importados y las dificultades para garantizar un abastecimiento regular muestran las consecuencias de años de insuficiente inversión y exploración. YPFB reconoce que las refinerías nacionales tienen capacidad ociosa porque no existe suficiente crudo para procesarlas. A ello se suman problemas logísticos, bloqueos de carreteras y restricciones financieras que complican aún más la llegada de combustibles a las estaciones de servicio.El problema, por tanto, no se limita a las filas en los surtidores. Está en juego el funcionamiento de toda la economía. Transporte, agricultura, industria, minería, comercio y servicios dependen de un suministro energético oportuno y previsible.La reciente decisión de permitir la importación de crudo para procesarlo en Bolivia puede contribuir a reducir la dependencia de combustibles terminados, pero no sustituye una política energética de largo plazo.Bolivia necesita recuperar su capacidad de producir energía, atraer inversión, explorar nuevos campos, mejorar la infraestructura y transparentar sus costos y reservas. También debe asumir que la transición energética y la diversificación de fuentes ya no son asuntos del futuro.El riesgo de colapso energético no se enfrenta con discursos ni medidas coyunturales. Se enfrenta con planificación, inversión, transparencia y decisiones de Estado. El tiempo para actuar es ahora.
