Escribe: Roberto Márquez
El viaje comenzó como tantos otros en las rutas bolivianas: con la confianza ciega de los pasajeros que abordan un bus interdepartamental, entregando lo más sagrado que tienen —su vida y la de sus familias— en manos de un sistema de transporte que debería responder a rigurosos estándares de profesionalismo y control.
A las 13:00, una unidad de la empresa Challapata partía de la terminal de Potosí rumbo a Oruro. Sin embargo, antes de abandonar el asfalto urbano, la tragedia silenciosa ya había empezado a tejerse. Como detalla el periodista Chino Gómez en su crónica, testigos presenciales confirmaron que el chofer original cedió el volante a un hombre que había subido clandestinamente fuera de las instalaciones formales.
Lo que vino después fue una pesadilla a velocidad crucero. Las maniobras imprudentes y la evidente falta de control policial en el Cruce Ventilla encendieron las alarmas. Ante la denuncia formal de los pasajeros de que el conductor se encontraba bajo los influjos del alcohol, la respuesta institucional fue el vacío absoluto: la caseta estaba desierta y la empresa Challapata optó por el silencio telefónico. La crisis llegó a su límite cuando un pasajero —conductor de tráiler por oficio— debió tomar por la fuerza el timón del bus, relegando al infractor al buzón de equipajes, para evitar una catástrofe segura. El bus llegó a Oruro, sí, pero no gracias al Estado, sino por el valor y la cordura de la sociedad civil.
La anomia y el desprecio por la vida
Este episodio no es una anécdota aislada; es el síntoma más visible de una fractura mucho más profunda que atraviesa a toda la sociedad boliviana.
En el fondo, lo que ocurrió en aquel bus refleja un país donde se ha perdido el respeto, la tolerancia y el amor fundamental por el otro ser humano.
Hoy asistimos a la dolorosa descomposición de los códigos básicos de convivencia que durante décadas sostuvieron a nuestra nación.
La educación ciudadana y el respeto elemental hacia los mayores, hacia los niños y hacia quienes sostienen los pilares esenciales de la sociedad, se han evaporado.
Las jerarquías del mérito, del esfuerzo y de la decencia fueron sistemáticamente desmanteladas para dar paso a la ley del más fuerte y del abusivo, donde la vida humana ha perdido su valor sagrado.
Pareciera que, en este tiempo, estuviéramos viviendo en carne propia aquellos versos del inmortal tango Cambalache, interpretado por Julio Sosa:
«……Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.
Ignorante, sabio o chorro, pretencioso o estafador.
Todo es igual, nada es mejor.
¡Lo mismo un burro que un gran profesor!
No hay aplazaos, qué va a haber, ni escalafón.
Los inmorales nos han igualao…..»
Esta degradación moral no surgió por generación espontánea; fue sembrada y cultivada con cálculo político. La profundización sistemática del odio racial y de la polarización social, impulsada de manera implacable durante las dos décadas que duró el régimen del MAS, rompió los cimientos de la República democratica de Bolivia.
Bajo la fachada de una pretendida inclusión, se promulgó una normativa como la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que, en la práctica, se convirtió en un instrumento de persecución, mordaza y fractura ciudadana. Lejos de construir un país más armónico, esa legislación institucionalizó el revanchismo y quebró la dignidad y el respeto democrático que los bolivianos habíamos ido construyendo con esfuerzo desde el retorno a la democracia. Nos enseñaron a mirarnos con recelo, a dividirnos entre amigos y enemigos, y en ese proceso de confrontación permanente, el respeto mutuo terminó colapsando.
Esa violencia calculada y ese desprecio absoluto por la vida y el bienestar ajeno se han manifestado en su expresión más inhumana a través de medidas de presión extremas, como aquel despiadado bloqueo de 53 días que intentó asfixiar y matar de hambre a toda una población, cercando sin piedad a las ciudades de El Alto y La Paz.
Recuperar el sentido de comunidad
La consecuencia directa de ese modelo de confrontación es el Estado ausente e ineficiente que hoy padecemos. Si las instituciones están cooptadas o corrompidas por años de prebendalismo y desprecio por la ley, la sociedad queda a la deriva, obligada a que ciudadanos comunes deban autogestionar su propia seguridad ante la desidia generalizada.
Reconstruir nuestra Patria no pasa únicamente por cambiar flotas de transporte o exigir más policías en las trancas; exige un profundo ejercicio de sanación moral.
Es imperativo rescatar los valores de la tolerancia, la decencia y el respeto irrestricto a la vida del prójimo, desterrando para siempre la semilla del odio y del caudillismo que nos condujo a este triste presente, donde la vida se ha vuelto una quimera: una vidriera y un escaparate caótico donde, al intentar descifrar lo que hay dentro, nos topamos cara a cara con nuestro propio reflejo.