Si tenemos que hablar asentamientos humanos, debemos casi viajar en el tiempo, a cuando la migración comenzó a gran escala, miles de familias atraídas por la bonanza económica que se veía en el horizonte, producto de la explotación de los hidrocarburos, fue llegando a nuestra región, es cierto que tal vez sobrepasó las expectativas pero se sabía y se sentía lo que estaba sucediendo y no se tuvo nunca un plan para este fenómeno que rompió estructuras.
Esta realidad que no nos gusta y de la que nos quejamos, es responsabilidad de autoridades benevolentes que abrieron los brazos para recibirlos, lo que no está mal en absoluto, pero permitieron que se asentaran donde mejor pudieran, en muchos casos hasta en terrenos de propiedad privada, violentando la normativa vigente. A pesar de la ilegalidad, se les instaló servicios básicos, agua potable y electricidad, dando lugar a la creación de derechos expectaticios, afianzando su presencia en aquellos lugares, una pincelada de visión política escondía estas actitudes teñidas de denuncias de corrupción en la entonces Dirección de Desarrollo Urbano, donde iban regularizando trámites que era imposible legalizar. Ante lo que regía en esta tierra de nadie, la llegada de más migrantes creció y le cambió la dinámica a Tarija definitivamente.
Ante la nueva realidad imperante, no faltaron lo vivillos que se aprovecharon de la buena fe de los recién llegados y bajo la formación de asociaciones, se ocuparon de cobrarles dinero para esos trámites, así como por el derecho propietario de terrenos que ya tenían dueño. Muchos fueron engañados, estafados y al estar al margen de la ley, no pudieron recurrir a más instancia que la de los medios de comunicación para hacer conocer su desgracia. Se formaron clanes organizados que se ocuparon de únicamente de traficar con terrenos ante el escaso control y regulación por parte de las autoridades. Si bien ser llamado «loteador» es equivalente a delincuente, este fenómeno continúa vigente, el peso de la ley cayó pero en muy pocos, los más pesados siguen detrás de los grandes negociados. Es tiempo de que el municipio, las autoridades y las leyes, apliquen mano dura y combata a quienes se dedican a vender ilusiones y quitarle a la gente el poco dinero que tiene, creyendo en la compra de un pedazo de tierra para construir una vivienda. Es tiempo de reordenar este remolino de irregularidades que están en plena vigencia, evidentemente no se ve ni intención ni acción para hacerlo.
