Gabriel Pérez informó que el sector mantiene una posición unificada a nivel nacional y advirtió que la vigencia de la norma podría presionar al alza los precios de los productos básicos y afectar aún más la economía de los trabajadores.
Redacción Central/El Periodico/28-08-2026.- El ejecutivo del Transporte 15 de Abril de Tarija, Gabriel Pérez, informó que el sector mantiene una posición unificada a nivel nacional y demanda al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5676, debido a los efectos que, según la dirigencia, tendría sobre el costo de vida y las actividades económicas.
La organización considera que la permanencia de la norma puede generar nuevas presiones sobre los precios de los productos básicos. Para los transportistas, cualquier medida que incremente los costos de operación o encarezca la distribución de mercancías termina repercutiendo en los consumidores, especialmente en las familias que ya enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades esenciales.
Pérez señaló que el reclamo forma parte de una posición asumida por el transporte a escala nacional. El sector busca que el Gobierno revise el contenido del decreto y adopte decisiones que eviten un mayor impacto sobre los trabajadores, los usuarios del transporte y la población en general.
La dirigencia sostiene que el problema no se limita a la aplicación de la norma, sino que está relacionado con la situación económica que atraviesa el país. El incremento de los precios de los alimentos y de otros productos básicos reduce el poder adquisitivo de las familias y obliga a los hogares a reorganizar sus gastos para llegar a fin de mes.
En ese contexto, los transportistas también demandan una solución inmediata a la crisis de abastecimiento de combustibles que afecta a Bolivia. Pérez explicó que los conductores deben permanecer durante horas e incluso días en las estaciones de servicio para conseguir carburantes, una situación que interrumpe sus jornadas laborales y reduce sus ingresos.
Las largas filas generan pérdidas económicas para los transportistas, debido a que los vehículos permanecen paralizados mientras esperan la carga de combustible. Esta demora afecta el cumplimiento de rutas, la prestación del servicio y el traslado de pasajeros o mercancías, además de elevar los costos asociados a cada jornada de trabajo.
El dirigente indicó que la falta de carburantes también repercute en la economía de los usuarios. Cuando el transporte enfrenta dificultades para operar, se reducen las frecuencias, se retrasan los viajes y aumentan las complicaciones para quienes dependen del servicio para acudir a sus fuentes laborales, centros educativos, establecimientos de salud y mercados.
La situación tiene además un efecto sobre la distribución de productos. El transporte cumple un papel central en el traslado de alimentos y mercancías hacia las ciudades y comunidades, por lo que cualquier interrupción o demora puede influir en el abastecimiento y en el precio final de los artículos que llegan a los consumidores.
Pérez planteó que las autoridades deben buscar alternativas que permitan garantizar el acceso regular al combustible. El sector espera que se establezcan mecanismos eficaces para evitar que los conductores continúen soportando extensas esperas y que se asegure la provisión necesaria para mantener activas las operaciones del transporte.
La dirigencia considera que la respuesta estatal debe contemplar tanto la emergencia de los carburantes como los efectos económicos derivados de la aplicación del Decreto 5676. Desde su perspectiva, ambos problemas están vinculados con el encarecimiento de los servicios y productos, así como con la reducción de los ingresos de los trabajadores.
Los transportistas de Tarija demandan que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo con las organizaciones del sector. En ese espacio, pretenden exponer las dificultades que enfrentan en las carreteras y estaciones de servicio, además de plantear propuestas destinadas a mejorar la distribución de combustibles y evitar nuevos incrementos en los costos de operación.
El sector también busca que las autoridades consideren la realidad de los conductores que trabajan diariamente bajo condiciones de incertidumbre. La falta de combustible impide planificar las jornadas, genera gastos adicionales y puede provocar la suspensión de servicios, con consecuencias directas para los usuarios y para la economía de las familias que dependen del transporte.
La posición anunciada por el Transporte 15 de Abril se suma a las preocupaciones expresadas por otros sectores sociales y productivos respecto al aumento del costo de vida. La dirigencia sostiene que las decisiones gubernamentales deben evitar medidas que profundicen la presión sobre los precios y, al mismo tiempo, garantizar condiciones mínimas para el funcionamiento de las actividades económicas.
Pérez informó que el transporte mantendrá la coordinación con sus organizaciones nacionales para definir las acciones que correspondan. La continuidad de las medidas dependerá de la respuesta que brinde el Gobierno a la solicitud de abrogación del decreto y a la exigencia de resolver el desabastecimiento de carburantes.
Mientras tanto, los conductores continúan enfrentando jornadas marcadas por las filas en las estaciones de servicio y por la incertidumbre sobre la disponibilidad de combustible. El sector espera que las autoridades presenten soluciones concretas que permitan normalizar el suministro, reducir las pérdidas económicas y evitar que los problemas de transporte terminen trasladándose al precio de los productos básicos.
La demanda central de los transportistas combina la revisión de la norma cuestionada con una respuesta urgente a la crisis de combustibles. Para la dirigencia, garantizar el carburante y contener el impacto de las medidas económicas son condiciones necesarias para proteger el trabajo del sector y evitar una mayor afectación a la población.