Walter Chavarria Rivera
Durante dos décadas, Bolivia administró una bonanza económica inédita. Los ingresos del gas ofrecieron la posibilidad real – no retórica – de generar desarrollo de base ancha y corregir las desigualdades estructurales que nos han acompañado generación tras generación. Sin embargo, aquella riqueza excepcional se gestionó con una ligereza casi criminal.
La oportunidad histórica se diluyó entre corrupción, prebendalismo y una cultura política que normalizó el abuso de poder como método de gobierno. Esa deuda no solo es fiscal: es una deuda moral que sigue pendiente, porque quienes la contrajeron aún eluden descaradamente sus propias responsabilidades.Los casos emblemáticos de corrupción – el Fondo Indígena, las barcazas chinas, los contratos inflados, las obras fantasmas – no son simple evidencia de mala administración.
Son huellas de un sistema político que convirtió la opacidad en regla, la complicidad en moneda y la impunidad en destino. Lo más grave es que ese deterioro institucional se produjo a plena vista, en un país donde la indignación dura lo que dura un titular, y donde la justicia ha demostrado ser, en demasiadas ocasiones, instrumento del poder y no contrapeso del poder.Pero la dimensión ética del derrumbe moral no se agota en las cuentas públicas.
Bolivia enfrenta otro flanco, más incómodo, más revelador: la relación entre la vida íntima de los gobernantes y su capacidad para ejercer autoridad.No es un capricho exigir transparencia en la esfera privada de quienes administran el Estado. En sociedades donde las instituciones son frágiles, la vida íntima de un líder, sus vínculos, sus ocultamientos, sus silencios; puede convertirse en mecanismo de chantaje, en fuente de conflictos de interés o en evidencia de una ética laxa que luego se traslada a lo público.
Cuando un gobernante niega la paternidad de un hijo, enfrenta denuncias de abuso o mantiene relaciones ocultas desde el poder, el problema no es la esfera personal: el problema es el carácter. Y el carácter, en política, pesa tanto como las leyes. Un gobernante sin coherencia ética difícilmente será un administrador honesto del poder.La sociedad tiene derecho a escrutar esa dimensión no por morbo, sino porque hemos aprendido, con hechos, que la corrupción financiera y la corrupción moral son ramas del mismo tronco.
Quién miente en lo íntimo, miente en lo público. Quien abusa en privado, abusa en el Estado. Quien esconde su vida personal, probablemente esconderá también el uso de los recursos públicos.Bolivia carga con una cultura política que tolera el doble estándar: líderes que predican valores que no practican, que hablan de igualdad, pero reproducen privilegios, que invocan a la familia solo cuando conviene a su discurso.
Esa distancia entre lo dicho y lo hecho deteriora la credibilidad institucional y socava la confianza ciudadana, el insumo más escaso del país.Las élites políticas, de todos los colores, han usado el argumento del “vicio privado” como blindaje para evadir responsabilidades. Pero en democracia, el “vicio privado” deja de ser tal cuando vulnera derechos, cuando atropella los valores cívicos de una sociedad o cuando revela la verdadera fibra ética de quien pide nuestra confianza.
De cara a los próximos procesos electorales, Bolivia necesita un estándar claro y sin ambigüedades: quien aspire a gobernar debe someter su vida privada al mismo nivel de escrutinio que sus propuestas públicas. No para satisfacer curiosidades irrelevantes, sino para evitar repetir la historia de gobernantes que predican austeridad mientras enriquecen a su círculo, o que hablan de dignidad mientras tragan su propia mentira.
La ética personal es una dimensión del gobierno tanto como la planificación económica. Gobernar exige integridad, y la integridad no se improvisa.Bolivia está pendiente de veredictos. No solo de los tribunales, que siguen arrastrando los pies para juzgar a los responsables del saqueo del gas, sino también de un veredicto social que evalúe con honestidad la talla moral de quienes nos gobernaron y de quienes pretenden gobernarnos.
La transparencia íntima no es un exceso: es una condición mínima para reconstruir la confianza pública. La transformación que necesitamos no vendrá únicamente del crecimiento económico, sino de un quiebre ético que ponga fin a la cultura del doble estándar.Mientras la justicia no llegue, ni la judicial ni la moral, seguiremos acumulando una deuda que es más profunda que cualquier déficit fiscal: la deuda de permitir que el poder siga en manos de quienes no pueden gobernarse a sí mismos.