La discusión sobre el futuro de las regalías mineras en Bolivia plantea una pregunta que tarde o temprano tendrá que ser respondida: ¿los recursos generados por la explotación minera en el occidente del país deberían beneficiar solamente a los departamentos productores o, al igual que ocurrió con los hidrocarburos, deberían distribuirse entre todas las regiones?
No es una discusión menor. Bolivia atraviesa una profunda crisis económica, con una creciente necesidad de generar divisas, fortalecer las reservas y encontrar nuevas fuentes de ingresos. En ese escenario, la minería vuelve a ocupar un lugar estratégico, especialmente ante la importancia creciente del litio, el oro y otros minerales.
Sin embargo, cualquier modificación al sistema de regalías debe partir de un principio fundamental: los recursos naturales son patrimonio del Estado y su aprovechamiento debe traducirse en bienestar para todos los bolivianos, sin desconocer los derechos y necesidades de las regiones donde se realiza la explotación.
La experiencia de los hidrocarburos constituye un antecedente importante. Durante años, las regalías y otros ingresos provenientes de la explotación de gas permitieron financiar obras, servicios públicos e inversiones en departamentos productores y también en otras regiones del país. Ese modelo contribuyó a una redistribución territorial de la renta nacional y permitió que los beneficios de una actividad concentrada geográficamente alcanzaran al conjunto del país.
Pero tampoco sería justo ignorar a las regiones productoras. La actividad minera genera impactos ambientales, demanda infraestructura, utiliza recursos naturales y modifica la dinámica económica y social de los territorios donde se desarrolla. Por ello, una eventual distribución nacional de las regalías debe garantizar una participación suficiente para los departamentos y municipios productores.
Lo que Bolivia necesita es un nuevo pacto fiscal sobre los recursos naturales, basado en criterios de equidad, solidaridad y desarrollo regional. No se trata de quitarle recursos al occidente para entregárselos al resto del país, sino de establecer reglas transparentes que permitan que una riqueza nacional genere oportunidades nacionales.
Tarija conoce bien este debate. Durante años defendió la importancia de que las regalías hidrocarburíferas llegaran a su territorio como compensación por la explotación de sus recursos. Precisamente por esa experiencia, hoy debe participar activamente en la discusión sobre cómo debería distribuirse la nueva renta minera.
El desafío no debería ser enfrentar a departamentos productores contra no productores. El verdadero desafío es construir un modelo en el que la riqueza de Bolivia no termine beneficiando solamente a unos cuantos territorios ni concentrándose en el nivel central del Estado.
Si la minería está llamada a convertirse en uno de los principales motores económicos de Bolivia, corresponde discutir desde ahora cómo se distribuirá esa riqueza.