El ex vocero del MAS en Tarija afirmó que las advertencias realizadas por Nadia Beller terminaron confirmándose y cuestionó que la investidura presidencial pueda ser utilizada para evitar responsabilidades legales.
Redacción Central/El Periodico/29-08-2026.- Marcelo Poma, afirmó que las declaraciones realizadas anteriormente por Nadia Beller terminaron confirmándose y planteó que el presidente Rodrigo Paz debe responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyan. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre los límites del poder político y la responsabilidad de las autoridades frente a posibles investigaciones.
Poma sostuvo que la condición de presidente no coloca a una persona por encima de las leyes ni le permite actuar sin consecuencias. En ese sentido, cuestionó cualquier interpretación según la cual el ejercicio de la máxima autoridad del país pueda convertirse en una protección frente a procesos judiciales o reclamos ciudadanos.
El exdirigente del MAS señaló que las advertencias de Beller, que en su momento fueron objeto de cuestionamientos, adquirieron relevancia a partir de acontecimientos posteriores. Desde su perspectiva, la evolución de los hechos habría demostrado que aquellas observaciones no carecían de fundamento y que correspondía prestarles atención dentro del debate político nacional.
La posición expresada por Poma se centra en la necesidad de que las instituciones actúen sin considerar el cargo ocupado por la persona investigada. Para el exvocero, cualquier denuncia o señalamiento debe ser sometido a los procedimientos establecidos, con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales, pero sin excluir de antemano a quienes ejercen funciones públicas.
El dirigente también cuestionó la idea de que una autoridad pueda asumir atribuciones ilimitadas durante su mandato. A su criterio, el poder presidencial tiene límites legales, institucionales y temporales, por lo que no puede interpretarse como una autorización para tomar decisiones al margen de los controles establecidos.
En ese marco, Poma remarcó que la permanencia en la Presidencia no es indefinida y que las autoridades deben considerar que, una vez concluido su mandato, pueden ser sometidas a revisiones o investigaciones por sus actos. La afirmación fue planteada como una advertencia sobre la importancia de preservar la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.
El exvocero del MAS en Tarija también observó que la responsabilidad política no debería quedar separada de la responsabilidad jurídica cuando existan indicios que ameriten una investigación. Sin embargo, cualquier determinación deberá surgir de las instancias competentes y basarse en elementos verificables, evitando que las acusaciones se conviertan únicamente en instrumentos de confrontación partidaria.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política, en el que distintos sectores cuestionan decisiones y actuaciones de las autoridades nacionales. La discusión sobre el alcance de la inmunidad, la responsabilidad presidencial y la independencia de la justicia vuelve a ocupar un lugar central en el debate público.
Poma consideró que la investidura presidencial no debe ser confundida con una condición de superioridad frente al resto de la ciudadanía. La autoridad, según su planteamiento, implica mayores obligaciones y exige que las decisiones adoptadas durante el mandato puedan ser revisadas cuando existan denuncias o indicios de posibles irregularidades.
El exdirigente insistió en que las instituciones deben garantizar una investigación imparcial y transparente. También planteó que los procedimientos judiciales deben desarrollarse sin presiones políticas, pero con la suficiente independencia para establecer si corresponde atribuir responsabilidades a cualquier funcionario, incluido el jefe de Estado.
La referencia a las declaraciones de Nadia Beller forma parte de la argumentación con la que Poma busca respaldar su posición. El exvocero sostuvo que los hechos posteriores habrían dado consistencia a aquellas advertencias, aunque la determinación de responsabilidades deberá depender de pruebas, investigaciones formales y resoluciones emitidas por las autoridades competentes.
El planteamiento también refleja la disputa política entre sectores vinculados al oficialismo y la oposición. En ese escenario, las acusaciones y respuestas públicas suelen convertirse en parte de una confrontación más amplia, por lo que corresponde diferenciar las posiciones políticas de los hechos que puedan ser comprobados mediante procedimientos institucionales.
Poma afirmó que Rodrigo Paz debe someterse a la justicia si existen denuncias o elementos que justifiquen una investigación. La demanda no implica, por sí misma, una condena, sino el pedido de que el mandatario pueda ser investigado bajo las mismas reglas que cualquier otra autoridad o ciudadano, con respeto a sus derechos y a las garantías procesales.
El debate queda ahora en manos de las instituciones encargadas de investigar y resolver eventuales denuncias. Mientras tanto, las declaraciones del exvocero del MAS en Tarija vuelven a poner en discusión la relación entre poder, temporalidad del mandato presidencial y obligación de rendir cuentas ante la sociedad y la justicia.