La agenda municipal también avanzó en la revisión del 12% del IDH, la propuesta del 50/50 y el tratamiento de las obligaciones financieras de los gobiernos locales.
Redacción Central/El Periodico/25-09-2026.- La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y autoridades del Gobierno nacional acordaron abrir un nuevo periodo de trabajo para definir mecanismos que permitan a los municipios enfrentar el impacto financiero generado por el incremento del precio del diésel. El entendimiento establece un plazo de 15 días calendario para que el Ejecutivo presente alternativas orientadas a reducir los efectos del mayor costo del combustible sobre las administraciones municipales.La definición surgió durante una reunión realizada el miércoles en Porongo, Santa Cruz, en la que participaron autoridades del área económica y representantes del sistema municipal. El encuentro dio continuidad a la agenda planteada en agosto, cuando los gobiernos municipales expusieron al presidente Rodrigo Paz una serie de demandas vinculadas con la distribución de recursos, las competencias autonómicas y la situación derivada del nuevo esquema de precios de los combustibles.De acuerdo con información difundida después de la reunión, uno de los puntos centrales fue la necesidad de establecer mecanismos que permitan compensar o atender el impacto que representa el diésel para las finanzas municipales. El Ministerio de Economía informó que se realizará una evaluación técnica destinada a gestionar recursos adicionales frente a este escenario.El asunto adquirió mayor relevancia después de que el Gobierno eliminara la subvención al diésel y estableciera un esquema vinculado al costo internacional. El Ejecutivo anunció posteriormente un paquete de medidas sociales y productivas para amortiguar los efectos del ajuste, mientras los municipios comenzaron a advertir sobre las dificultades que implica asumir un combustible más costoso para servicios, maquinaria y operaciones cotidianas.La situación ya había sido planteada por los alcaldes durante la reunión de agosto con el presidente. En aquella oportunidad, el sector municipal había incorporado el precio del diésel entre los temas de la agenda, junto con la propuesta de distribución 50/50 y la restitución de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los gobiernos locales también habían cuestionado el régimen que establecía un precio de Bs 18 por litro para los grandes consumidores.En la reunión más reciente, además del combustible, se retomó el tratamiento de los recursos del IDH. El Gobierno y la representación municipal acordaron continuar una mesa técnica para revisar la devolución del 12% retenido desde 2016. En agosto se había establecido que ese porcentaje vuelva a formar parte de los presupuestos municipales a partir del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, aunque ahora se prevé una revisión técnica del mecanismo.Otro componente de la negociación está relacionado con las obligaciones financieras de los gobiernos municipales. El encuentro permitió avanzar en la reprogramación y diferimiento de deudas con acreedores públicos, con el propósito de otorgar un margen adicional a las entidades locales para ordenar sus finanzas.La agenda 50/50 también continuará en mesas de trabajo. La propuesta busca modificar la relación entre responsabilidades, competencias y recursos que actualmente existe entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. En agosto, el Gobierno y los municipios ya habían acordado desarrollar una agenda técnica para avanzar en este planteamiento y evaluar progresivamente sus resultados.El nuevo plazo de 15 días coloca nuevamente al precio del diésel en el centro de las negociaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos municipales. La expectativa es que, dentro de ese periodo, se conozcan medidas concretas destinadas a disminuir la presión que el costo del combustible ejerce sobre los presupuestos locales.El proceso se desarrolla mientras distintas organizaciones económicas y sociales analizan los efectos del nuevo precio del combustible sobre el transporte, la producción y los servicios. En ese contexto, los municipios buscan que el impacto sobre sus cuentas sea considerado dentro de las medidas que adopte el Gobierno nacional.