Jaime Ortiz observa la posibilidad de extender las restricciones y sostiene que la atención estatal debería concentrarse en la situación económica, el abastecimiento de combustibles y las denuncias de corrupción.
Redacción Central/El Periódico/27-08-2026.- La posibilidad de ampliar el estado de excepción genera cuestionamientos entre sectores sindicales de Tarija, en un contexto marcado por dificultades económicas, problemas de abastecimiento de combustibles y demandas sociales que permanecen pendientes de atención. El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Jaime Ortiz, expresó su desacuerdo con una eventual prolongación de las medidas restrictivas y planteó la necesidad de que el Gobierno priorice soluciones a los problemas que afectan a la población.
El dirigente sindical vinculó el debate sobre el estado de excepción con el escenario de conflictividad que atraviesa el país y consideró que cualquier decisión destinada a ampliar las restricciones debería estar acompañada por respuestas concretas a las demandas sociales. Desde su perspectiva, la situación económica constituye uno de los principales factores que explican el malestar existente entre distintos sectores.
Entre los problemas señalados se encuentra la escasez de combustible, situación que continúa repercutiendo en diferentes actividades económicas y productivas. Las dificultades para acceder de manera regular a carburantes tienen efectos sobre el transporte, el comercio y la producción, además de generar preocupación entre sectores que dependen de la movilidad para desarrollar sus actividades cotidianas.
A este escenario se suman las denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción, que también forman parte de las preocupaciones expresadas por organizaciones sociales. Para la dirigencia de la COD, la atención de estas denuncias y la necesidad de transparentar la administración pública deberían constituir parte de las prioridades de las autoridades.
Ortiz también observó la posibilidad de que el Gobierno interprete las movilizaciones sociales como una amenaza al orden público y utilice ese escenario como argumento para establecer mayores restricciones. El dirigente considera que la conflictividad no debería ser abordada únicamente desde una perspectiva de control, sino mediante mecanismos de diálogo y atención de las demandas planteadas por las organizaciones.
La posición de la COD se produce mientras distintos sectores sociales mantienen reclamos vinculados con compromisos asumidos por las autoridades. El incumplimiento de acuerdos, según el dirigente, habría contribuido a incrementar el malestar y a generar condiciones para nuevas medidas de presión.
En este contexto, la dirigencia sindical sostiene que las movilizaciones no constituyen un fenómeno aislado, sino que responden a una acumulación de demandas que no habrían encontrado respuestas suficientes. La situación económica, el abastecimiento de combustibles y los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos aparecen entre los principales asuntos que requieren atención.
El debate sobre una eventual ampliación del estado de excepción plantea, además, interrogantes respecto al equilibrio entre las medidas destinadas a preservar el orden y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Para los sectores sindicales, cualquier determinación gubernamental debería considerar el impacto que las restricciones pueden tener sobre las actividades laborales, productivas y sociales.
Desde la COD se plantea, en consecuencia, que el Gobierno concentre sus esfuerzos en resolver los factores que alimentan el descontento social. La dirigencia considera que una respuesta efectiva a la crisis económica y a los problemas de abastecimiento podría contribuir a reducir la tensión y evitar que las organizaciones recurran a nuevas medidas de presión.
Mientras tanto, el escenario permanece abierto ante la posibilidad de nuevas movilizaciones y la discusión sobre las medidas que podrían adoptar las autoridades. Para el movimiento sindical, la salida a la actual coyuntura debería pasar por el cumplimiento de los acuerdos pendientes, la atención de las demandas sociales y la búsqueda de soluciones frente a los problemas económicos que afectan a la población.