La defensa sostiene que el Instituto de Investigaciones Forenses aún no entrega un análisis considerado clave para reconstruir el ataque armado registrado el 1 de mayo y establecer responsabilidades.
Redacción Central/El Periodico/05-10-2026.- La investigación por el acribillamiento de un hombre ocurrido el pasado 1 de mayo en la ciudad de Bermejo, Tarija, enfrenta una demora que, según el abogado Elein Velásquez, puede afectar el esclarecimiento del caso. El jurista denunció que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) todavía no remitió la pericia informática solicitada dentro del proceso.El examen técnico tendría como finalidad revisar información contenida en dispositivos electrónicos y otros elementos digitales vinculados con el hecho. Ese material podría contribuir a establecer los contactos previos al ataque, reconstruir desplazamientos, identificar comunicaciones relevantes y precisar la posible participación de otras personas.La ausencia del informe mantiene incompleta una parte importante de la investigación. Para la defensa, el análisis no constituye un trámite secundario, debido a que permitiría contrastar las versiones recogidas durante las pesquisas con datos verificables obtenidos de teléfonos celulares, cámaras, archivos digitales u otros soportes incorporados al expediente.El hecho investigado ocurrió en Bermejo durante la jornada del 1 de mayo. La víctima fue atacada con disparos en circunstancias que generaron preocupación entre los habitantes de esa ciudad fronteriza. Desde entonces, las autoridades desarrollan actuaciones destinadas a determinar la secuencia del crimen, identificar a los responsables y establecer el móvil.La pericia informática fue requerida como parte de esas diligencias, pero su entrega continúa pendiente. Velásquez cuestionó que el procedimiento no haya concluido y advirtió que la demora limita el avance de las actuaciones procesales. La defensa espera que el IDIF entregue el resultado al Ministerio Público para que pueda ser incorporado formalmente al expediente.El análisis digital podría aportar datos sobre llamadas, mensajes, ubicaciones, fotografías, videos y conexiones entre los involucrados. También permitiría verificar si existieron coordinaciones antes o después del ataque, así como determinar la presencia de los investigados en determinados lugares y horarios.Sin embargo, la utilidad de esos elementos dependerá de la cadena de custodia, la metodología aplicada y la interpretación técnica del contenido. Por esa razón, el informe debe ser elaborado por personal especializado y presentado con los respaldos necesarios para que pueda ser valorado dentro del proceso.La demora genera inquietud debido a que el paso del tiempo puede dificultar la obtención de nuevos testimonios, la conservación de registros audiovisuales y la recuperación de información almacenada en plataformas digitales. Algunos sistemas eliminan automáticamente archivos o limitan el acceso a datos antiguos, lo que vuelve relevante la actuación oportuna de los investigadores.El caso también ha puesto nuevamente en discusión la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de realizar estudios forenses. Las pericias informáticas requieren equipos, personal capacitado y procedimientos específicos, especialmente cuando se trata de extraer información de dispositivos bloqueados o analizar grandes volúmenes de datos.Mientras el documento no sea entregado, la Fiscalía deberá continuar con las diligencias que no dependan de ese resultado. Entre ellas pueden encontrarse la toma de declaraciones, la revisión de cámaras de seguridad, la identificación de testigos, la reconstrucción del recorrido de la víctima y la comparación de otros indicios obtenidos en la escena.La defensa considera que el informe puede ser determinante para orientar las siguientes decisiones del proceso. Su contenido podría respaldar una hipótesis investigativa, descartar determinadas versiones o abrir nuevas líneas relacionadas con personas que todavía no hayan sido incluidas en la causa.Hasta el momento, la denuncia se concentra en la falta de entrega del estudio y no implica una conclusión sobre la responsabilidad de los investigados. La determinación de los autores y del grado de participación de cada persona corresponde a las autoridades competentes, con base en pruebas obtenidas legalmente y sometidas a control judicial.El Ministerio Público deberá definir las acciones necesarias para obtener el documento y establecer si existe un plazo concreto para su presentación. También tendrá que evaluar si la demora responde a dificultades técnicas, acumulación de trabajo u otras circunstancias administrativas.La investigación permanece abierta y el resultado de la pericia informática es esperado por las partes como un elemento capaz de aportar precisión a la reconstrucción del ataque. En tanto no se conozca su contenido, persisten interrogantes sobre la planificación del acribillamiento, la identidad de quienes intervinieron y las razones que motivaron el crimen.