Álbaro Ojeda, presidente de la Asamblea Departamental, afirma que la Comisión de Economía y Finanzas retomará el análisis del documento y cuestiona la distribución de recursos, mientras el Ejecutivo sostiene que más de 40 sectores esperan su aprobación.
Redacción Central/El Periódico/06-10-2026.- La discusión del Plan Operativo Anual (POA) 2027 volvió a profundizar las diferencias entre la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija y la Gobernación. El presidente del Legislativo, Álvaro Ojeda, denunció que el Ejecutivo departamental no habría respondido a las observaciones planteadas durante la revisión del documento y anunció que la Comisión de Economía y Finanzas sesionará este lunes para continuar con el análisis.El conflicto se concentra en la forma en que fueron incorporadas las demandas de distintos sectores y en la distribución de los recursos previstos para la próxima gestión. Ojeda sostuvo que la Asamblea realizó gestiones hasta las últimas instancias para alcanzar acuerdos con la Gobernación, pero consideró que no se logró una concertación suficiente.Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la participación de los beneficiarios en la elaboración de la planificación. La Presidencia de la Asamblea considera que el POA debería construirse a partir de las necesidades de los sectores que recibirán los recursos y programas departamentales.En ese marco, Ojeda señaló que varias organizaciones no habrían sido tomadas en cuenta, particularmente en áreas vinculadas con salud, pese a la existencia de decisiones constitucionales que, según explicó, obligarían a las instituciones públicas a garantizar determinadas prestaciones.La controversia también alcanza a la socialización del documento. La Asamblea viene reclamando información que permita establecer qué sectores participaron en la elaboración de la propuesta y qué demandas fueron incorporadas. Esta observación ya había derivado en la devolución del POA a la Gobernación para que se realizaran complementaciones y se respaldara documentalmente parte de la información presentada.Ojeda cuestionó además la modalidad con la que la Gobernación habría presentado y defendido su propuesta presupuestaria, al señalar que la gobernadora María René Soruco mantiene reuniones principalmente con sectores que respaldan el contenido del plan. Desde la Asamblea se plantea que el proceso debe alcanzar a una representación más amplia de las organizaciones beneficiarias.Otro de los puntos que generó observaciones es el incremento de aproximadamente 150 millones de bolivianos que, de acuerdo con la denuncia del titular de la Asamblea, estaría concentrado en fortalecimiento institucional y contratación de consultores en línea para la gestión 2027. El legislador considera que esos recursos deberían ser revisados frente a las necesidades de programas sociales y productivos.Entre los programas que, según la observación legislativa, requieren mayor atención figuran la canasta alimentaria, el Programa Solidario Comunal (Prosol) y las políticas destinadas a personas con discapacidad. El planteamiento se contrapone con la explicación inicial de la Gobernación, que presentó un POA con un techo presupuestario cercano a Bs 595 millones y aseguró que contemplaba recursos para salud, producción, turismo, Prosol, canastas alimentarias y el 1% destinado a los municipios.La disputa por los plazos constituye otro elemento de la controversia. Mientras desde el Ejecutivo departamental se reclamó durante las últimas semanas la aprobación del documento, la Asamblea sostiene que la devolución realizada por la comisión implica que el cómputo del plazo debe reiniciarse una vez que el Ejecutivo atienda las observaciones y remita nuevamente la documentación requerida.La Gobernación, entretanto, ha expresado preocupación por la demora. A comienzos de octubre señaló que más de 40 sectores e instituciones del departamento esperaban que el POA avance hacia su aprobación y advirtió que la falta de tratamiento mantiene pendiente la planificación presupuestaria para la siguiente gestión.El Ejecutivo también había sostenido que el documento debía ser tratado dentro de los plazos establecidos por la normativa autonómica. En esa línea, el vicegobernador Gonzalo Ávila señaló que, según su interpretación del Estatuto Autonómico Departamental, transcurridos 30 días sin pronunciamiento podría operar la aprobación automática del POA.Frente a las críticas que apuntan a una eventual demora atribuible al Legislativo, Ojeda rechazó que exista incumplimiento de deberes por parte de la Asamblea. Argumentó que el documento fue objeto de observaciones, fue devuelto para su complementación y que la comisión continúa trabajando dentro del procedimiento correspondiente.Con la sesión de la Comisión de Economía y Finanzas prevista para este lunes, el futuro inmediato del POA 2027 dependerá de la respuesta que entregue la Gobernación a las observaciones legislativas. El desenlace deberá definir si el documento retorna al pleno de la Asamblea para su consideración o si persisten las diferencias sobre la distribución presupuestaria y la participación de los sectores beneficiarios.