El dirigente Luis Caso plantea liberar la importación de carburantes para el sector privado y mantener el subsidio estatal únicamente para el servicio de pasajeros, en medio de la disputa nacional por el retiro parcial del beneficio al diésel
Redacción Central/El Periódico/09-09-2026.- La Federación del Transporte Libre salió al cruce del debate sobre el futuro de la subvención a los combustibles en Bolivia y planteó un esquema distinto al que hasta ahora manejan otros gremios del volante. Según explicó su ejecutivo, Luis Caso, el precio del diésel importado directamente por el sector privado no llegaría a los 18 bolivianos por litro, cifra que en las últimas semanas se convirtió en el número símbolo del conflicto entre el Gobierno, los transportistas y los productores agropecuarios del país.
La postura del dirigente se distancia de la que sostienen otras organizaciones del transporte pesado, que en los últimos días advirtieron que, de avanzar la liberalización de las importaciones, el litro de diésel podría oscilar entre 16 y 18 bolivianos, y el de gasolina rondar los 16 bolivianos, en un escenario en el que los costos internacionales y logísticos se trasladarían directamente al surtidor. Caso, en cambio, confía en que la competencia entre importadores privados y una eventual participación estatal moderarían los precios finales, evitando que se repliquen esos techos.
El planteamiento de Transporte Libre llega en un momento en que el propio Gobierno explora esa alternativa. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abrió recientemente un proceso para recibir ofertas de empresas privadas interesadas en abastecer el mercado boliviano de carburantes, aunque esa convocatoria se encuentra todavía en etapa de selección. El propio presidente Rodrigo Paz insinuó semanas atrás que liberar la importación de combustibles permitiría que cada sector productivo acceda al carburante sin depender de la intermediación estatal, una idea que ahora encuentra eco en el discurso de Caso.
El dirigente de Transporte Libre pidió, además, que cualquier subsidio remanente del Estado se concentre exclusivamente en el transporte público de pasajeros, dejando fuera a otros rubros que actualmente también se benefician de precios diferenciados. La propuesta se da en un contexto en el que el Gobierno ya modificó en más de una ocasión el esquema de precios: el decreto del 17 de agosto fijó un costo referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para industrias, empresas y grandes consumidores, mientras mantuvo el precio de 9,80 bolivianos para el transporte público y para quienes consumen menos de 5.000 litros mensuales. Días después, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) bajó ese precio referencial de 18 a 16,50 bolivianos, en respuesta a la presión de distintos sectores productivos.
El Ejecutivo atribuyó el retiro parcial del subsidio a un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional dentro de un programa de financiamiento para el país, una explicación que no logró frenar el descontento. En las últimas semanas se registraron bloqueos de carreteras protagonizados por productores agropecuarios en el oriente boliviano, así como estados de emergencia declarados por confederaciones de choferes que exigen la abrogación total de la norma. Uno de los conflictos más visibles se resolvió esta semana en Yapacaní, donde los productores levantaron un bloqueo tras acordar con el Gobierno un abastecimiento semanal de 450.000 litros de diésel y la posibilidad de que los pequeños productores sigan comprando hasta 2.500 litros mensuales al precio subvencionado.
En ese escenario de negociaciones sectoriales y ajustes sucesivos al precio referencial, la propuesta de Luis Caso apunta a simplificar el esquema: liberar el mercado para que el sector privado importe combustible sin las restricciones actuales y reservar los recursos públicos únicamente para sostener las tarifas del transporte de pasajeros. El planteamiento se suma a otras voces empresariales y políticas que, en distintos momentos del conflicto, insistieron en la necesidad de abrir la importación como salida a la escasez de carburantes que ha afectado al país durante buena parte del año.