EL COSTO DE ELIMINAR LA SUBVENCIÓN A LOS COMBUSTIBLES

El ajuste en los precios del diésel y la gasolina amenaza con encarecer el transporte, los alimentos y los servicios, trasladando el peso de la medida a los hogares bolivianos y tarijeños.La decisión del Gobierno de levantar la subvención a los combustibles, comenzando por el diésel y con la perspectiva de extender la medida a la gasolina, abre un escenario complejo para la economía nacional y, especialmente, para el presupuesto de las familias bolivianas. Si bien el Estado enfrenta la necesidad de ordenar sus finanzas y garantizar el abastecimiento, el costo de este ajuste puede terminar recayendo sobre los sectores con menor capacidad económica.El diésel es un insumo fundamental para el transporte de carga, la producción agropecuaria y numerosas actividades industriales. Su encarecimiento repercute en los costos de producción y distribución, con efectos que alcanzan a los mercados, los comercios y la canasta familiar. Por ello, el incremento del precio de los combustibles no se limita a las estaciones de servicio: puede convertirse en una presión inflacionaria que reduzca el poder adquisitivo de los salarios.La eventual eliminación de la subvención a la gasolina también podría elevar las tarifas del transporte público y privado, además de incrementar los gastos cotidianos de quienes dependen de sus vehículos para trabajar. En un contexto de ingresos limitados, cada aumento obliga a las familias a reorganizar sus presupuestos, postergar compras y sacrificar necesidades que hasta ahora podían cubrir.En Tarija, donde el transporte, el comercio y la actividad productiva tienen una relación directa con el costo de los combustibles, las consecuencias pueden sentirse con particular intensidad. Los pequeños comerciantes, productores, transportistas y trabajadores independientes afrontan el desafío de absorber mayores gastos o trasladarlos a los consumidores, profundizando las dificultades económicas.Sin embargo, mantener indefinidamente una subvención fiscalmente insostenible tampoco constituye una solución permanente. El desafío consiste en ejecutar cualquier ajuste con responsabilidad, gradualidad y transparencia, acompañado de medidas concretas de protección para los hogares vulnerables y los sectores productivos.El país necesita estabilidad económica, pero esta no puede construirse ignorando la realidad de quienes viven de sus ingresos diarios. Una política de combustibles responsable debe equilibrar la sostenibilidad fiscal con la justicia social.