Trinidad Constancio observó el desempeño de los actuales legisladores y consideró que la agenda parlamentaria estaría alejándose de las principales demandas de la población, en medio de denuncias sobre supuestos pagos adicionales destinados a favorecer al Gobierno.
Redacción Central/El Periodico/29-08-2026.- La dirigente de la organización de Mujeres Juana Azurduy, Trinidad Constancio, cuestionó el desempeño de los actuales parlamentarios y expresó una dura crítica al funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a raíz de las recientes denuncias relacionadas con el presunto pago de sobresueldos a legisladores para favorecer al Gobierno.
Constancio sostuvo que las actuaciones de una parte de los representantes nacionales no estarían respondiendo a las necesidades que enfrenta la población, particularmente en un contexto marcado por dificultades económicas y demandas sociales que requieren atención de las autoridades.
La dirigente concentró sus observaciones en la labor de los parlamentarios y puso en duda que las prioridades de la Asamblea estén orientadas a resolver los problemas que afectan directamente a las familias bolivianas. En ese marco, cuestionó que las discusiones y decisiones políticas puedan estar condicionadas por intereses vinculados con beneficios económicos o acuerdos destinados a respaldar al Ejecutivo.
Sus declaraciones se produjeron después de que surgieran denuncias sobre la existencia de presuntos sobresueldos dirigidos a determinados parlamentarios, situación que generó cuestionamientos respecto a la independencia con la que algunos legisladores ejercerían sus funciones.
Constancio calificó de manera crítica a los actuales integrantes del Legislativo y utilizó el término “parásitos” para referirse a los parlamentarios. Además, definió a la Asamblea Nacional como un espacio dominado por este tipo de comportamiento, al señalar que se trataría de un “congreso de parásitos”.
La expresión refleja la magnitud del cuestionamiento planteado por la representante de Mujeres Juana Azurduy respecto al desempeño de los legisladores, particularmente frente a las denuncias que ponen en discusión la relación entre representantes nacionales y el Gobierno.
El cuestionamiento también se vincula con la percepción de que las instituciones del Estado deberían concentrar sus esfuerzos en atender las necesidades de la ciudadanía. Para la dirigente, las demandas sociales deberían ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria, por encima de intereses políticos o particulares.
Entre los aspectos observados se encuentra la distancia que, según su valoración, existiría entre la actividad desarrollada por los parlamentarios y las preocupaciones cotidianas de la población. La situación económica, las dificultades que atraviesan distintos sectores y la necesidad de respuestas institucionales forman parte del escenario en el que se producen estas críticas.
Las denuncias sobre supuestos sobresueldos, por su parte, abrieron un nuevo debate sobre la transparencia y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de representación nacional. Al tratarse de acusaciones que deberán ser esclarecidas mediante las instancias correspondientes, su verificación dependerá de las investigaciones y de la documentación que pueda establecer si existieron pagos adicionales y bajo qué circunstancias se habrían producido.
El tema adquiere relevancia debido a que los parlamentarios tienen entre sus principales responsabilidades la elaboración de leyes, la fiscalización de las instituciones públicas y la representación de los intereses de la ciudadanía. Cualquier señalamiento relacionado con posibles beneficios económicos vinculados al ejercicio de esas funciones puede generar cuestionamientos sobre la confianza pública en el Legislativo.
En ese contexto, las declaraciones de Constancio se suman a las voces que demandan una mayor atención de los representantes nacionales a las necesidades de la población y una explicación clara sobre las denuncias recientemente planteadas.
La dirigente de Mujeres Juana Azurduy insistió en su crítica al desempeño de los parlamentarios y cuestionó que la Asamblea pueda priorizar asuntos políticos mientras persisten demandas sociales que requieren respuestas institucionales.
El debate queda ahora sujeto a las explicaciones que puedan brindar los legisladores mencionados en las denuncias y a las investigaciones que correspondan para determinar la existencia o no de los presuntos pagos. Mientras tanto, el cuestionamiento de organizaciones sociales vuelve a poner en el centro de la discusión el papel que debe cumplir la Asamblea Legislativa frente a las necesidades de la ciudadanía.