Por: Germán Antelo Vaca, Neurocirujano
Estamos en el mes bisagra y la enorme responsabilidad de construir
Abril marca algo más que el paso del calendario. Marca un quiebre.
Bolivia comienza a dejar atrás un ciclo político y económico caracterizado por cinco rasgos evidentes: centralismo extremo, estatismo asfixiante, burocracia paralizante, inseguridad jurídica y discrecionalidad en el ejercicio del poder. Un modelo que concentró decisiones, debilitó las autonomías, castigó la iniciativa privada y erosionó la confianza.
Ese ciclo no terminó por decreto. Terminó por agotamiento.
Hoy el país entra en una etapa distinta, definida por una nueva correlación de fuerzas. Más fragmentada, más vigilada, más abierta. Y precisamente por eso, más exigente.
Pero el cambio de correlación de fuerzas no garantiza el cambio de rumbo. Solo abre la posibilidad.
Ahí es donde abril se vuelve decisivo.
El desafío actual no es simplemente reemplazar un modelo por otro en el discurso, sino establecer criterios claros de diferenciación en la práctica:
Primero, del centralismo a la descentralización efectiva.
No basta hablar de autonomías. Se requiere transferir competencias reales, recursos suficientes y capacidad de decisión a las regiones. Gobernar desde el territorio, no administrarlo desde el centro.
Segundo, del estatismo al dinamismo productivo.
El Estado no puede seguir siendo el principal obstáculo para producir. Debe pasar de controlador a facilitador. Menos trabas, más condiciones. Menos discrecionalidad, más reglas claras.
Tercero, de la burocracia a la eficiencia institucional.
La gestión pública debe dejar de ser un laberinto. Simplificar procesos, reducir tiempos, eliminar redundancias. La competitividad de un país también se mide en la agilidad de su Estado.
Cuarto, de la inseguridad jurídica a la previsibilidad.
Sin reglas estables no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay desarrollo. La seguridad jurídica no es un concepto abstracto: es la base de cualquier economía que aspire a crecer.
Quinto, de la concentración del poder al control ciudadano.
El poder ya no puede operar sin contrapesos. La ciudadanía, los sectores productivos y las regiones deben convertirse en actores permanentes de fiscalización y decisión.
Estos no son ideales. Son condiciones mínimas para que el país funcione de otra manera.
En este contexto, comienza a tomar forma lo que puede convertirse en el fenómeno político más relevante de esta etapa: la rebelión autonómica.
No como confrontación, sino como reconfiguración. Regiones que asumen su rol, que exigen protagonismo, que entienden que el desarrollo no llegará desde arriba si no se construye desde abajo.
Y junto a ello, emerge una idea aún más potente: el gobierno de los ciudadanos.
Un gobierno donde la presión social organizada, la vigilancia cívica y la participación activa dejan de ser excepcionales y se vuelven estructurales. Donde el poder no se delega completamente, sino que se acompaña, se controla y se orienta.
Pero hay que ser claros: esta oportunidad también puede perderse.
Si la nueva correlación de fuerzas se traduce en dispersión sin dirección, en conflicto sin propósito o en acuerdos sin contenido, el país puede volver a caer en la misma inercia que dice querer superar.
Abril, entonces, no es solo un punto de inicio. Es una prueba de coherencia.
Coherencia entre lo que se critica del pasado y lo que se está dispuesto a construir en el presente.
Bolivia tiene hoy una oportunidad real de cambiar. No solo de autoridades, sino de lógica. No solo de discurso, sino de funcionamiento.
Pero ese cambio no será automático.
Dependerá de la capacidad de convertir esta transición en decisiones concretas. De transformar la nueva correlación de fuerzas en un nuevo equilibrio de poder. Y, sobre todo, de sostener una convicción: que el país no se ordena desde el control, sino desde la libertad, la responsabilidad y la participación.