La presión sobre el bolsillo de los bolivianos amenaza con convertirse en un conflicto de mayores dimensiones si el incremento de los combustibles se suma al encarecimiento de los alimentos y a la pérdida del poder adquisitivo de las familias.Bolivia atraviesa un momento económico particularmente delicado. El incremento sostenido de los precios de la canasta familiar ha deteriorado la capacidad de compra de los hogares, mientras la incertidumbre económica y las dificultades para generar ingresos profundizan el malestar ciudadano. En este escenario, cualquier incremento en el precio de la gasolina puede convertirse en un factor de mayor tensión social.El combustible no es un producto aislado de la economía. Su precio repercute directamente en los costos del transporte público, la distribución de alimentos, la producción agrícola, el comercio y prácticamente todas las actividades productivas. Por tanto, una gasolina más cara puede desencadenar una nueva escalada de precios que termine castigando, una vez más, a los sectores de menores ingresos.El problema es que las familias ya están soportando una presión económica considerable. Comer, transportarse y cubrir las necesidades básicas representa un esfuerzo cada vez mayor. Pretender que la población absorba nuevos incrementos sin medidas compensatorias ni respuestas concretas puede ser políticamente muy costoso.El riesgo de una revuelta social no debe subestimarse. Los antecedentes del país demuestran que cuando las dificultades económicas coinciden con decisiones gubernamentales que afectan directamente al bolsillo popular, el descontento puede transformarse rápidamente en movilizaciones, bloqueos y conflictos de alcance nacional.El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta, por ello, una prueba determinante. No basta con explicar las razones económicas de un eventual ajuste de los combustibles. Se necesita capacidad de concertación, protección a los sectores vulnerables y una estrategia que evite trasladar todo el costo de la crisis a la ciudadanía.La estabilidad política no se sostiene únicamente con decisiones económicas, sino también con legitimidad y respaldo social. Ignorar el creciente malestar puede abrir un escenario de conflictividad que complique seriamente la gobernabilidad.
