El asambleísta departamental plantea una revisión de las tarifas eléctricas y observa la ausencia de una denuncia formal ante la Fiscalía contra el exgobernador Óscar Montes, mientras sectores políticos cuestionan la orientación de la actual administración departamental.
Redacción Central/El Periódico/01-09-2026.- El debate político en torno a la gestión de la Gobernación de Tarija vuelve a concentrarse en dos frentes: el manejo de los servicios públicos y la existencia de denuncias por presuntos hechos de corrupción. En ese contexto, el asambleísta departamental Rodrigo Delgado anunció acciones de fiscalización sobre las tarifas eléctricas aplicadas por Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) y puso en duda que exista actualmente una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el exgobernador Óscar Montes y otros funcionarios de su administración.
Delgado señaló que, pese a los anuncios realizados anteriormente por autoridades departamentales sobre la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, hasta el momento no habría constancia de un proceso formal en esa instancia. La situación, según el legislador, genera interrogantes sobre el avance de las acciones anunciadas y sobre la decisión de recurrir al Ministerio Público para esclarecer eventuales irregularidades.
La controversia se relaciona con las denuncias y cuestionamientos políticos que se han producido en torno a la administración departamental anterior. Sin embargo, la ausencia de una denuncia formal registrada ante la Fiscalía marcaría una diferencia entre las acusaciones planteadas públicamente y el inicio de una investigación penal.
En paralelo, Delgado anticipó que impulsará un proceso de fiscalización relacionado con las tarifas eléctricas de SETAR. Para ello, anunció que se recurrirá a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), entidad encargada de regular y fiscalizar el sector eléctrico en el país.
El objetivo de esta iniciativa será revisar los elementos que intervienen en la determinación de las tarifas, así como los criterios utilizados para establecer los costos que finalmente son trasladados a los usuarios. El tema adquiere especial relevancia debido a la preocupación existente entre distintos sectores de la población por el impacto que tiene el costo de la energía en la economía de las familias, las actividades comerciales y el sector productivo.
La fiscalización planteada también podría abrir una discusión sobre la situación financiera y operativa de SETAR, además de las obligaciones que corresponden a la empresa departamental y a las entidades encargadas de supervisar el servicio.
A este escenario se suma el cuestionamiento político a la gestión de la Gobernación. Sectores de la Asamblea Legislativa Departamental y dirigentes políticos observan dificultades en la articulación institucional y consideran que la administración departamental debería concentrar mayores esfuerzos en la obtención de recursos, financiamiento y proyectos destinados a atender las principales demandas de la población.
Uno de los aspectos señalados es la relación entre la Gobernación y el Gobierno nacional. Los cuestionamientos apuntan a que una coordinación más efectiva permitiría gestionar programas de inversión, financiamiento y obras que requieren recursos que exceden las posibilidades económicas del departamento.
La discusión adquiere importancia debido a las restricciones presupuestarias que enfrentan las entidades subnacionales y a la reducción de ingresos que afecta a las gobernaciones. En este escenario, la capacidad para generar acuerdos con el nivel central y conseguir financiamiento externo se convierte en uno de los principales desafíos para las autoridades departamentales.
Los sectores críticos de la actual administración consideran que la confrontación política no debería desplazar la búsqueda de soluciones concretas a los problemas económicos y sociales del departamento. Entre las prioridades identificadas se encuentran la ejecución de proyectos, la continuidad de obras y la generación de condiciones para reactivar la economía regional.
Delgado, desde la Asamblea Departamental, anunció así dos líneas de acción: por un lado, verificar mediante las instancias de control correspondientes la situación de las tarifas eléctricas de SETAR y, por otro, realizar seguimiento a la situación de las denuncias anunciadas contra anteriores autoridades departamentales.
Ambos temas colocan nuevamente a la Gobernación bajo escrutinio político y abren una etapa en la que las autoridades departamentales deberán responder no solamente por sus decisiones administrativas, sino también por los resultados de su gestión y su capacidad para establecer mecanismos de coordinación que permitan captar recursos y concretar proyectos para Tarija.