El edil es investigado por una denuncia presentada tras un hecho ocurrido el 15 de agosto, luego de un evento social en el que habría consumido bebidas alcohólicas. La medida no implica una declaración de culpabilidad y el proceso continúa en etapa investigativa.
Redacción Central/El Periódico/24-08-2026.- El concejal municipal de Tarija, Marcelo Chumacero, acusado de haber violado a una mujer después de participar en un evento social el pasado 15 de agosto, quedó sometido a una medida de detención preventiva dispuesta por la autoridad judicial que conoce el caso. La determinación se enmarca en las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia presentada por la presunta víctima y busca garantizar el seguimiento del investigado mientras avanzan las diligencias.
De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el caso, el hecho habría ocurrido luego de una actividad social en la que el concejal y otras personas consumieron bebidas alcohólicas. La denunciante sostiene que, posteriormente, fue víctima de una agresión sexual atribuida al edil. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el encuentro y determinar la existencia o no de responsabilidad penal. La detención preventiva dispuesta por el juzgado contempla el seguimiento correspondiente dentro del proceso y no equivale a una sentencia. El concejal mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras el Ministerio Público reúne elementos para esclarecer la denuncia.
La Fiscalía debe continuar con la toma de declaraciones, la revisión de los informes médicos y psicológicos, además de la recopilación de otros elementos que puedan contribuir a reconstruir lo ocurrido. También podrían ser convocadas las personas que estuvieron en el evento social o que tuvieron contacto con la denunciante y el acusado antes y después del hecho.
La denuncia fue presentada después del episodio registrado el 15 de agosto. Desde entonces, las autoridades activaron el procedimiento previsto para este tipo de casos, con la participación de investigadores y personal especializado en delitos contra la libertad sexual. La prioridad, según el desarrollo de la causa, es preservar los elementos de prueba y evitar que la víctima sea expuesta a situaciones que puedan afectar su integridad. El caso generó atención debido a que el acusado ejerce un cargo público. La condición de concejal no modifica las obligaciones de la investigación ni impide que sea sometido a las medidas que correspondan, aunque cualquier restricción debe ser definida por la autoridad competente conforme a la normativa vigente. Organizaciones y sectores vinculados con la defensa de los derechos de las mujeres reclamaron que la denuncia sea investigada con celeridad, imparcialidad y perspectiva de género. También pidieron evitar la difusión de datos que permitan identificar a la denunciante, con el fin de proteger su privacidad y prevenir una eventual revictimización.
En este tipo de procesos, la valoración de los testimonios y de los informes periciales constituye una parte central de la investigación. La Fiscalía deberá contrastar las versiones de las partes con los resultados de las evaluaciones realizadas y con cualquier registro, comunicación o testimonio que permita establecer la secuencia de los acontecimientos. El consumo de bebidas alcohólicas mencionado en los antecedentes no determina por sí mismo la responsabilidad penal de ninguna de las partes. La investigación debe concentrarse en establecer si existió consentimiento, las condiciones en las que se produjo el encuentro y los actos atribuidos al concejal. La medida de detención preventiva también busca asegurar que el investigado cumpla las disposiciones judiciales y permanezca a disposición de las autoridades durante el avance del proceso. Cualquier incumplimiento podría ser comunicado al juzgado para que se evalúen nuevas determinaciones. Mientras se desarrollan las diligencias, la defensa del concejal puede presentar sus propios elementos y solicitar las actuaciones que considere necesarias. La denunciante, por su parte, tiene derecho a recibir asistencia legal y apoyo psicológico, además de participar en el proceso bajo las garantías establecidas para las víctimas de violencia sexual.
El Ministerio Público deberá definir, una vez concluida la etapa investigativa, si existen suficientes indicios para presentar una acusación formal o si corresponde adoptar otra determinación conforme a los resultados obtenidos. Hasta que ese momento llegue, ninguna de las versiones puede considerarse probada de manera definitiva. La causa permanece abierta y las autoridades aún deben esclarecer los hechos denunciados. La detención preventiva ordenada para el concejal constituye una medida dentro del proceso, mientras la investigación busca determinar qué ocurrió la noche del 15 de agosto y establecer las responsabilidades que correspondan.