La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional. Lo que debería ser un espacio de deliberación democrática y construcción de normas para el desarrollo regional, hoy aparece envuelto en una crisis económica que expone serias debilidades en su funcionamiento administrativo y en la gestión de los recursos públicos.
Los síntomas de esta situación son preocupantes. Funcionarios administrativos con salarios impagos, efectivos policiales encargados de la seguridad que no reciben su remuneración y hasta los llamados “niños asambleístas”, parte de programas de participación ciudadana impulsados por la institución, afectados por retrasos y falta de cumplimiento en compromisos asumidos. La escena no solo refleja un problema financiero; también evidencia una crisis de gestión que deteriora la credibilidad de una de las principales instancias del sistema democrático departamental.
Resulta inevitable preguntarse cómo una institución que forma parte de la estructura del Gobierno Autónomo Departamental ha llegado a este punto. Tarija vive desde hace años una reducción progresiva de sus ingresos, especialmente por la caída de las rentas hidrocarburíferas que en el pasado sostuvieron gran parte del gasto público regional. Sin embargo, esa realidad es conocida desde hace tiempo y, precisamente por ello, debió motivar procesos de ajuste, planificación y racionalización del gasto.
La crisis actual sugiere que esos ajustes no se realizaron con la profundidad necesaria. En un contexto de recursos limitados, cada institución pública está obligada a priorizar sus gastos, ordenar su estructura administrativa y actuar con criterios de eficiencia. Cuando los salarios se retrasan o se dejan de pagar, no solo se afecta a trabajadores que dependen de esos ingresos, sino que se debilita el funcionamiento mismo de la institución.
La Asamblea Departamental tiene, además, una responsabilidad política que va más allá de su propia administración. Es un órgano llamado a fiscalizar la gestión del Gobierno Departamental, aprobar normas y orientar el rumbo institucional de Tarija. Si su propia casa atraviesa un desorden financiero, su autoridad moral y política se resiente inevitablemente.
Frente a este escenario, la salida no puede limitarse a soluciones coyunturales. Es indispensable encarar una revisión profunda de su estructura de gastos. La reducción de costos administrativos innecesarios, la priorización del pago de salarios y obligaciones laborales, y una política de austeridad acorde con la realidad económica del departamento son pasos urgentes.
Al mismo tiempo, corresponde fortalecer la coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental para garantizar una planificación financiera más realista. La crisis fiscal que atraviesa Tarija exige que todas las instituciones públicas actúen bajo una misma lógica de responsabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Finalmente, la Asamblea debe asumir que recuperar la confianza ciudadana es tan importante como equilibrar sus cuentas. La transparencia en el manejo de recursos, la explicación clara de las dificultades y la adopción de medidas concretas para corregir el rumbo pueden ser el primer paso para salir de este momento crítico.
Tarija enfrenta desafíos económicos complejos, pero ninguna institución puede darse el lujo de agravar la situación con desorden interno. La Asamblea Departamental tiene hoy la oportunidad y la obligación de ordenar su casa.