En una democracia, la fiscalización constituye uno de los pilares esenciales del equilibrio de poderes. Que diputados, senadores, concejales o asambleístas departamentales levanten la voz para alertar sobre posibles irregularidades en la administración de recursos públicos no solo es un derecho, sino una obligación que responde al mandato que les otorgó la ciudadanía. Sin embargo, cuando estas denuncias carecen de fundamentos, pruebas documentales o mecanismos de respaldo legal, el efecto puede ser devastador para la institucionalidad y la confianza social.
En Bolivia, se ha vuelto frecuente escuchar acusaciones lanzadas desde la arena política con titulares estridentes, pero con expedientes vacíos. Denuncias que, en vez de ser tramitadas en instancias de control o auditoría, se convierten en munición discursiva en conferencias de prensa, redes sociales o pasillos legislativos. Esta práctica erosiona varios frentes al mismo tiempo: debilita la credibilidad de los denunciantes, distorsiona la percepción pública sobre la gestión estatal y, sobre todo, desgasta la confianza en las instituciones democráticas.
El daño no es menor. Cuando se instala en la opinión pública la idea de que todo funcionario es sospechoso, de que cada proyecto o inversión pública está marcado por la corrupción sin que exista un sustento sólido, la ciudadanía desarrolla una percepción de descomposición permanente. En ese clima, incluso los avances o las gestiones transparentes quedan bajo un manto de duda, lo que alimenta la apatía, el escepticismo y la desconfianza hacia la política en general.
Por otra parte, las denuncias infundadas también le hacen un flaco favor a la lucha real contra la corrupción. Al saturar el debate público con acusaciones sin pruebas, se banaliza un problema serio y se resta atención a los casos en los que sí existen evidencias contundentes. La consecuencia es que los mecanismos de control terminan atrapados en un mar de ruido político, donde se confunde lo importante con lo accesorio.
La democracia necesita voces críticas, pero también responsables. No se trata de silenciar la fiscalización, sino de dotarla de seriedad y rigurosidad. Un parlamentario, un concejal o un asambleísta no puede comportarse como un agitador improvisado, sino como un representante que entiende el peso de sus palabras y el impacto de sus actos. Presentar pruebas, acudir a la Contraloría, al Ministerio Público o a las instancias que correspondan es el camino correcto, porque de lo contrario, la denuncia se transforma en calumnia y la fiscalización en espectáculo.
La institucionalidad democrática se construye con transparencia, pero también con responsabilidad. En Bolivia, la madurez política debería pasar por un compromiso: que cada denuncia se acompañe de sustento técnico y legal, y que los organismos de control actúen con independencia y firmeza. Solo así se podrá frenar la práctica de lanzar acusaciones como armas de coyuntura, que no esclarecen, no corrigen y, en cambio, profundizan la desconfianza ciudadana.
En definitiva, el ejercicio de la fiscalización sin fundamentos no es fiscalización: es ruido. Y ese ruido, más que desnudar irregularidades, termina desnudando la precariedad de una cultura política que aún confunde el rol de oposición con la mera estrategia de desgaste.