El silencio de la directiva legislativa y la parálisis institucional agravan el delicado momento que atraviesa Tarija
En los momentos más difíciles de la vida institucional de un departamento, las autoridades están llamadas a asumir sus responsabilidades con mayor compromiso, transparencia y sentido de urgencia. Sin embargo, en Tarija ocurre exactamente lo contrario. Mientras la Gobernación enfrenta una de las crisis financieras más profundas de los últimos años y busca mecanismos para reorganizarse y responder a las demandas de la población, la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental parece haber optado por la inacción.
Resulta incomprensible que, existiendo temas de enorme trascendencia para el presente y futuro del departamento, no se convoque a sesiones ordinarias para debatir, analizar y aprobar iniciativas que permitan enfrentar la compleja realidad económica que vive la región.
La Asamblea no puede convertirse en un espacio de silencio cuando la ciudadanía exige respuestas. Su razón de ser es precisamente deliberar, fiscalizar y legislar, no permanecer inmóvil mientras los problemas se acumulan.
Uno de los asuntos más urgentes es la Ley de Organización del Órgano Ejecutivo Departamental, una norma considerada fundamental para que la gobernadora, María René Soruco, pueda encarar una reestructuración administrativa que permita adecuar la institución a la actual disponibilidad de recursos, optimizar gastos y mejorar la capacidad de gestión. En una entidad golpeada por la reducción de ingresos y las crecientes obligaciones financieras, la reorganización institucional no es un capricho político; es una necesidad impostergable.
La demora en el tratamiento de esta ley genera incertidumbre y limita la capacidad de decisión del Ejecutivo departamental. Cada día que pasa sin que el proyecto sea debatido representa tiempo perdido en una administración que necesita actuar con rapidez para evitar que la crisis continúe profundizándose.
Pero tan preocupante como la falta de sesiones es el comportamiento de la máxima autoridad legislativa. El presidente de la Asamblea Departamental, Álbaro Ojeda, tiene la obligación de explicar a la población las razones por las cuales el órgano legislativo permanece prácticamente paralizado. Sin embargo, lo que predomina es un preocupante silencio.
No existen explicaciones claras, argumentos públicos ni justificaciones institucionales sobre la ausencia de convocatorias. Peor aún, la percepción ciudadana es que el presidente de la Asamblea ha desaparecido del debate público en uno de los momentos más delicados para el departamento. La falta de presencia, de liderazgo y de comunicación alimenta las dudas y debilita la confianza en una institución que debería estar a la altura de las circunstancias.
Tarija no puede darse el lujo de tener una Asamblea ausente cuando enfrenta desafíos económicos que requieren decisiones urgentes y consensos responsables. La población eligió representantes para que trabajen, debatan y construyan soluciones, no para que mantengan paralizada una instancia clave para la gobernabilidad departamental.