Por: Eduardo Claure
La criminalidad transnacional, precisamente por ir más allá de las fronteras de un Estado, requiere de la participación de diversas personas, las cuales hacen posible tales comportamientos criminales a través de los distintos Estados involucrados en este tipo de delincuencia (Colombia, Perú, Venezuela, México, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Europa, Asia y África). Es por tal razón que la criminalidad transnacional se encuentra estrechamente relacionada con la denominada criminalidad organizada. El concepto de crimen transnacional en realidad es más ideológico que jurídico, y en este ámbito sólo puede servir como categoría clasificatoria que reuniría aquellos comportamientos delictivos que trascienden los confines de un Estado y que en tal virtud no podrían ser afrontados aisladamente por el mismo, requiriendo de la cooperación y la ayuda judicial de los demás Estados involucrados para obtener mayor eficacia en la persecución y castigo de los responsables, lo que no ocurre, precisamente. Se trataría, entonces, de un concepto vinculado más bien a cuestiones procesales, y no sustantivas, que perseguiría determinar cuándo se requiere de la mencionada colaboración entre los Estados. Cuando se habla de criminalidad organizada lo primero que surge es que se trata del conjunto de comportamientos criminales que son llevados a cabo por una organización, esto es, por un grupo de personas asociadas a tal efecto y que, por decirlo de alguna manera, se “reparten” las actividades delictivas para poder concretar la empresa criminal y obtener así los fines perseguidos, siendo los mismos, valga acotarlo, predominantemente económicos. La denominada criminalidad organizada, entonces, estaría directamente referida, al empleo de aparatos organizativos a efectos de ejecutar conductas delictivas, con lo cual se mostraría una semejanza de estas asociaciones criminales con las corporaciones o compañías que realizan actividades lícitas dentro del mercado económico y financiero, es decir, se trataría igualmente de corporaciones, pero con un “objeto social” de carácter ilícito, encontrándose por ende al margen de la legalidad.
La empresa o compañía mercantil como la corporación criminal poseen: organización funcional, jerarquías, división del trabajo y profesionalización de sus miembros. Con esto lo que quiere destacarse es que la criminalidad organizada funciona de modo semejante a como lo hacen las corporaciones cuyas actividades son perfectamente lícitas, por lo que la misma tendría como característica un tal modus operandi o forma de actuar. De esta forma, la problemática de la criminalidad organizada no es más que la problemática del concurso de personas en el delito, esto es, de la participación criminal, al tratarse en definitiva de la asociación para delinquir, por lo que no puede admitirse sin más que se esté en presencia de una categoría criminal novedosa en modo alguno, sino más bien de un cambio en la “etiqueta” asignada a la misma. La criminalidad organizada, que no es más que la nueva calificación del delito asociativo, debe convenirse con la doctrina sobre la materia en que la misma no es ningún bien jurídico, ni refiere conductas que en conjunto agredan principalmente bien jurídico alguno, sino que más allá de tratarse de alguna conducta delictiva que permita delinear y demarcar la tipicidad, se trata más bien de una modalidad o forma de cometer variados delitos, por lo que, de forma semejante a lo que ocurre con la ya mencionada criminalidad transnacional, no se trata de un verdadera categoría sustantiva, sino de una clasificación de las conductas delictivas conforme a la manera en que son realizadas.
La criminalidad organizada no es más que una etiqueta que se ha colocado al hecho de la asociación para delinquir, la cual, en realidad, tiene que ver con la participación criminal, por lo que habría que estar a las reglas del concurso de personas en el delito ante esta problemática, en vez de erigirse como figuras autónomos verdaderas formas de cometer delitos en conjunto con otros, y en consecuencia, “metiéndose en el mismo saco” a quienes aparecen como autores, coautores, cómplices, instigadores, cooperadores, entre otros, confundiéndose así autoría y participación. La noción de criminalidad organizada, con el peso ideológico que la misma implica, se ha asumido generalmente como sinónima de la idea de mafia, debiendo observarse que, aunque se trata de cuestiones que en realidad pueden distinguirse, si bien no muy claramente, por mantener características parecidas, es la fuerza alcanzada por la mafia la que ha conllevado el interés por analizar y enfrentar el crimen organizado. La categoría de criminalidad organizada tiene una heterogénea lista de diversas conductas delictivas: narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, secuestro, lavado de dinero, introducción de desechos tóxicos o contaminantes, estafa y otros fraudes, entre otros.
Otro punto a ser tomado en cuenta en relación con la criminalidad organizada es que la misma se sirve o utiliza medios tanto ilícitos como lícitos para conseguir sus fines lucrativos, por lo que en muchos casos las organizaciones criminales actúan en un ámbito fronterizo o límite entre lo conforme y lo contrario a Derecho. En tal virtud, y como ha sido constatado recientemente, podrían distinguirse tres tipos básicos de organizaciones relacionadas con el crimen, a saber: estructuras empresariales ilegales, como los carteles de la droga; firmas legales que se involucran en el delito financiero, como los bancos cuando se prestan para el lavado de dinero; y, finalmente, empresas lícitas pero creadas, total o parcialmente, con dinero obtenido del crimen organizado: estas tres formas se dan en Bolivia como si nada, sólo recordemos el Banco FASSIL. La criminalidad organizada aparece entonces, como la profesionalización o tecnificación del crimen, para lo que se hace uso de lo que podría denominarse “ingeniería criminal”, creándose organizaciones, más o menos visibles, en las que se hace posible cometer determinados delitos de forma empresarial, obteniéndose grandes beneficios económicos y asegurándose la impunidad al combinar medio legales e ilegales, así como por la dispersión de los participantes en esta forma de criminalidad, añadiéndose a todo esto el hecho de que las redes de la criminalidad organizada generalmente buscan asociarse o infiltrarse en las esferas del poder político, lo que suscita una relación simbiótica entre lo criminal y lo político, quedando encubierta así la actividad criminal llevada a cabo por estos grupos organizados: recientemente se han dado las escandalosas denuncias de ida y vuelta entre las dos fracciones del MAS-IPSP y sus mandos medios, muchas de estas referidas al narcotráfico, avasallamiento de tierras e incendios forestales. La sociedad boliviana se está peligrosamente convirtiendo en una sociedad “narco complaciente” al favorecer la criminalidad proveniente de la droga, o que el problema del Estado Plurinacional, no es el tráfico de drogas, sino la necesidad de dinero, de dinero fresco, abundante y fácil, que, acaso, no está aguantando la crisis económica ya indisimulada, ante la inexistencia de “un mar de gas”, desaparición de las RIN, desaparición del dólar, ecocidios, ABC y otros centenares de latrocinios públicos.?
En este orden de ideas, no está de más poner de relieve que la criminalidad organizada tiene vinculación con el fenómeno de la corrupción, pues es suficientemente conocido que se suscitan sobornos a funcionarios tanto del poder ejecutivo como del judicial, por lo que en muchos casos es el propio Estado el primer interesado en que las actividades de estas empresas se desarrollen, consiguiéndose un rentable producto de las mismas. Y, que es lo que se puede colegir de la entrevista televisada a un narco internacional que vivía ostentosamente en Bolivia, favorecido con entrega de cédulas de identidad y pasaportes por reconocidas personas ligadas al MAS-IPSP, en cargos del SEGIP y migración, relacionadas con la policía y el ministerio de gobierno, es un hecho que no se traduce en otra figura que no sea de que el Estado Plurinacional en el contexto del proceso de cambio, la revolución democrática y cultural y el Socialismo del Siglo XXI, no es otra cosa que “el poder de la milenaria hoja de coca”, industrializada, con fines estrictamente políticos, por encima de leyes y convenios internacionales, de la Ley de La Madre Tierra y Pachamama juntas, que dejará en erial el norte amazónico tropical, a sus pueblos indígenas, y, Bolivia toda.
Tu narco, él narco, ellos narcos, todos narcos, y así
